Las principales asociaciones y gremios que representan al sector constructor de viviendas en la República Dominicana manifestaron este miércoles su preocupación por las modificaciones a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobadas por el Senado con carácter de urgencia.
Las organizaciones advirtieron que uno de los aspectos que más inquieta al sector es la inclusión de los patrimonios autónomos (fideicomisos) dentro de las nuevas disposiciones, al considerar que esto podría generar escenarios de doble tributación al imponer cargas fiscales sobre estructuras y operaciones que ya están sujetas a esos gravámenes.
Según explicaron, esta medida incrementaría los costos de los proyectos inmobiliarios, lo que terminaría reflejándose en el precio final de las viviendas y afectaría tanto a los desarrolladores como a los compradores.
Asimismo, sostuvieron que la disposición sería incompatible con el régimen especial establecido en la Ley 189-11, normativa creada para fomentar el acceso a la vivienda y fortalecer el mercado hipotecario.
Aunque reiteraron su respaldo a las iniciativas dirigidas a mejorar la gestión de los residuos sólidos y promover prácticas ambientalmente responsables, insistieron en que cualquier reforma debe estar sustentada en criterios de proporcionalidad, seguridad jurídica y sostenibilidad económica, a fin de evitar impactos negativos sobre sectores estratégicos.
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En ese sentido, hicieron un llamado a la Cámara de Diputados para que abra un proceso de diálogo con los sectores involucrados, reevalúe el alcance del proyecto y procure la aprobación de una legislación que, según señalaron, combine la protección del medio ambiente con la seguridad jurídica, la inversión y el acceso a la vivienda.
