Comencé a escribir en la prensa dominicana en 1967, cuando publiqué mis primeras colaboraciones sabatinas en el suplemento del Listín Diario.
Era un joven que dejaba la etapa de adolescente a los 17 años de edad.
Al año siguiente ingresé al Instituto Dominicano de Periodismo después de asistir como estudiante oyente junto a Tony Raful a la Universidad Autónoma de Santo Domingo para estudiar Periodismo y Ciencias de la Comunicación.
Fueron años de profundas transformaciones intelectuales y tecnológicas.
Entre los profesores que más influyeron en mi formación estuvo el padre José Luis Sáez, quien nos acercó al pensamiento del gran teórico canadiense Marshall McLuhan.
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Para muchos de nosotros, aquellas clases constituyeron el primer contacto con una idea que entonces parecía casi futurista: que cada nueva tecnología de la comunicación no solo transmite información, sino que transforma la manera en que las sociedades piensan, trabajan y organizan su vida política y cultural.
Seis decenios después puedo afirmar que McLuhan tuvo razón.
Mi generación ha sido testigo de una de las transformaciones más extraordinarias de la historia de las comunicaciones.
Comenzamos escribiendo en máquinas de escribir mecánicas, cuando las redacciones de los periódicos dependían del incesante sonido de los teletipos de las grandes agencias internacionales de noticias.
Ansa, Associated Press, United Press International, Reuters, Agence France-Presse y EFE marcaban el ritmo cotidiano de las salas de redacción.
Las noticias llegaban por cables internacionales, eran editadas manualmente y luego pasaban a la composición tipográfica antes de convertirse en periódicos impresos.
Vivimos después la extraordinaria expansión de la radio y de la televisión, la transmisión vía satélite, la televisión en color, el fax, las primeras computadoras personales, los procesadores de palabras, las bases de datos digitales, Internet, el correo electrónico, la telefonía móvil, los teléfonos inteligentes, las redes sociales y la comunicación instantánea.
Cada innovación parecía definitiva hasta que otra aún más poderosa modificaba nuevamente el panorama.
Ninguna, sin embargo, había cuestionado de manera tan profunda la naturaleza misma del trabajo intelectual como la inteligencia artificial generativa.
Durante esos años tuve también el privilegio de realizar estudios especializados en comunicación y periodismo científico en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL), en Quito, institución impulsada por la UNESCO y la Organización de los Estados Americanos.
Allí comprendimos que la evolución tecnológica no podía analizarse únicamente desde la ingeniería o la informática.
Cada innovación producía transformaciones económicas, culturales, jurídicas y políticas que modificaban la vida de las naciones.
Mi trayectoria profesional me permitió vivir esa revolución desde perspectivas muy distintas.
Fui reportero, investigador, autor de libros históricos, consultor internacional, funcionario público y embajador.
En cada una de esas responsabilidades comprobé que la información constituye uno de los recursos estratégicos más importantes de toda sociedad democrática.
La tecnología cambiaba continuamente; el compromiso con la búsqueda de la verdad permanecía inalterable.
Precisamente por esa experiencia acumulada considero que la controversia jurídica que hoy enfrenta a OpenAI con importantes medios de comunicación norteamericanos trasciende ampliamente el interés de una empresa tecnológica o de un grupo de periódicos.
Estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo marco jurídico que definirá las relaciones entre la inteligencia artificial, la propiedad intelectual, la privacidad de los ciudadanos y la supervivencia económica del periodismo profesional durante buena parte del siglo XXI.
La revolución de la inteligencia artificial ha dado origen, en consecuencia, a uno de los debates jurídicos, económicos y culturales más trascendentales de nuestra época.
No se trata únicamente de una discusión sobre tecnología.
Lo que hoy se ventila en los tribunales federales de los Estados Unidos es el equilibrio entre la innovación científica, la protección de la propiedad intelectual, la privacidad de millones de usuarios y la supervivencia económica del periodismo profesional.
La controversia que enfrenta a OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, con The New York Times y otros importantes medios de comunicación podría convertirse en el precedente judicial más importante desde los casos que definieron el futuro de Napster, Google Books y otras grandes plataformas digitales.
El 9 de julio de 2026, The New York Times, el New York Daily News, el Chicago Tribune, MediaNews Group, Ziff Davis, el Center for Investigative Reporting y otros demandantes solicitaron al juez federal Sidney H. Stein, del Distrito Sur de Nueva York, que imponga severas sanciones procesales contra OpenAI.
La petición no constituye todavía una sentencia sobre el fondo del litigio, sino una solicitud formulada durante la etapa de descubrimiento de pruebas (discovery), al considerar que la empresa habría ocultado o destruido evidencias fundamentales para determinar cómo fueron entrenados sus modelos de inteligencia artificial.
Los demandantes sostienen que OpenAI incurrió en una conducta procesal impropia al afirmar durante más de dos años que era técnicamente imposible localizar dentro de sus sistemas contenido específico perteneciente a los periódicos demandantes.
Sin embargo, según la nueva documentación presentada ante el tribunal, declaraciones recientes de un empleado de la empresa indicarían que OpenAI sí había realizado búsquedas internas de ese mismo material incluso antes de iniciarse las demandas judiciales.
A juicio de los periódicos, ello demostraría que la compañía habría realizado manifestaciones inexactas ante el tribunal y dificultado deliberadamente el acceso a pruebas relevantes.
Los medios sostienen, además, que miles de millones de conversaciones mantenidas por usuarios de ChatGPT habrían sido eliminadas o convertidas en registros imposibles de consultar para fines probatorios.
OpenAI rechaza categóricamente esas acusaciones y sostiene que las exigencias formuladas por los demandantes comprometen la privacidad de millones de usuarios completamente ajenos al litigio.
La empresa continúa defendiendo que el entrenamiento de sus modelos se encuentra amparado por la doctrina del fair use del derecho estadounidense y que la protección de la privacidad constituye uno de sus principios fundamentales.
Más allá del resultado que finalmente adopten los tribunales, el verdadero significado histórico de este litigio radica en que inaugura una nueva etapa en la evolución del derecho de autor.
Así como la imprenta, la radio, el cine, la televisión e Internet obligaron a redefinir las normas jurídicas existentes, ahora corresponde a los jueces establecer cuáles serán los límites legales de la inteligencia artificial generativa.
Hasta este momento el proceso continúa abierto y ninguna de las alegaciones formuladas por las partes ha sido definitivamente establecida por sentencia.
Pero cualquiera que sea el desenlace, esta controversia ya ocupa un lugar en la historia de la comunicación humana.
Las decisiones que adopten los tribunales estadounidenses influirán durante décadas en la relación entre la innovación tecnológica, la creación intelectual, la privacidad de los ciudadanos y el derecho universal a una información libre, independiente y de calidad.
Fuentes: Associated Press (9 de julio de 2026); Reuters (9 de julio de 2026); documentos judiciales del caso The New York Times Company et al. v. OpenAI, Inc. y Microsoft Corporation; declaraciones públicas de OpenAI sobre privacidad y doctrina del fair use.