Santiago de Chile.- La Agrupación de Familiares de Víctimas de Tocopilla presentó una querella criminal ante la Justicia chilena para reactivar las diligencias en la investigación por la desaparición forzada de siete personas durante la más reciente dictadura civil militar.
Además, advirtió que existe un «escenario de incertidumbre» respecto a las políticas de memoria y derechos humanos.
Con esta acción, admitida en la víspera por la Corte de Apelaciones de La Serena, se busca que la Justicia dé continuidad a las diligencias investigativas ante las últimas señales del Gobierno.
Si bien las autoridades han afirmado apoyar el desarrollo del Plan Nacional de Búsqueda, también anunciaron un recorte de cerca de un millón de dólares al programa encargado de coordinarlo.
«Enfrentamos un escenario de incertidumbre respecto a la continuidad de las diligencias: no existiría un presupuesto claro ni una conducción clara para coordinar y concretar las decisiones judiciales del ministro a cargo de la causa», denunció la presidenta de la agrupación, Alejandra Gómez.
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Gómez es hija de Luis Gómez Cerda, dirigente sindical, funcionario de Codelco y militante socialista, detenido en septiembre de 1973 por agentes del Estado y que continúa desaparecido.
Plan Nacional de Búsqueda
Recorte al Plan Nacional de Búsqueda
El Plan Nacional de Búsqueda es una iniciativa impulsada mediante decreto en 2023, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe militar. Su objetivo es esclarecer el destino final de las víctimas de desaparición forzada, de las cuales 1,159 personas siguen siendo buscadas por sus familiares.
En este contexto, la querella denuncia inhumaciones y exhumaciones ilegales y busca que las familias puedan intervenir formalmente en la investigación.
Siete desaparecidos en Tocopilla
También solicita la continuidad de las diligencias para localizar a siete personas detenidas entre septiembre y octubre de 1973 en Tocopilla, a unos 1,500 kilómetros al norte de Santiago, en la región de Antofagasta.
Los casos investigados
La querella individualiza los casos de Claudio Tognola, de 42 años; Luis Segovia, de 28; Carlos Garay, de 25; Agustín de la Cruz Villarroel, Luis Gómez, Vitalio Orlando Mutarello Soza y Manuel del Carmen Muñoz.
«Todos fueron detenidos durante la primera ola represiva que marcó el inicio de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990)».
Según el escrito, tras el golpe de Estado, efectivos de Carabineros, personal militar y funcionarios de Investigaciones arrestaron a dirigentes políticos, sindicales y trabajadores de la zona.
Posteriormente fueron trasladados a la Comisaría de Carabineros y luego a la Cárcel Pública de Tocopilla, donde se perdió su rastro.
- Diversos testimonios y antecedentes sitúan a la mina «La Veleidosa», ubicada a 15 kilómetros de Tocopilla, como un lugar vinculado a la muerte y desaparición de las personas incluidas en la querella.
- Las investigaciones indican que parte de los restos de algunas de las víctimas ya fueron localizados en ese sitio.
La mina La Veleidosa en la causa
En el marco del Plan Nacional de Búsqueda, el Estado chileno ha presentado decenas de querellas criminales por ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas.
El Programa de Derechos Humanos, adscrito al Ministerio de Justicia, es el principal organismo encargado del esclarecimiento judicial de estos delitos de lesa humanidad.
La dictadura chilena se extendió durante 17 años y dejó más de 40,000 víctimas, entre ellas más de 3,200 personas que habrían muerto a manos de agentes del Estado, además de detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y personas torturadas, según cifras de la comisión oficial que recopiló testimonios de víctimas y familiares.
