La cifra de personas fallecidas en las cárceles de El Salvador tras su detención bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 contra las pandillas, se elevó al menos a 547, según informó este martes la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH).
Sube a 547 el número de víctimas mortales. La trágica cifra de al menos 547 personas fallecidas bajo custodia del Estado, en el contexto del régimen de excepción, sin haber sido vencidas en juicio y sin perfil delictivo, representa una crisis profunda de derechos humanos que no puede ser ignorada», publicó la ONG en X.
Señaló que «lo que es aún más alarmante es que el 94 % de estas personas no tenían perfil de pandilleros y murieron bajo la tutela del Estado y en total impunidad».
Socorro Jurídico Humanitario, una organización que surgió en el contexto del régimen de excepción para brindar asesoría legal a familiares de personas detenidas, subrayó que «la cifra real de muertes podría superar el millar, enfrentando un esfuerzo sistemático por ocultar información en los juicios masivos».
Según ha dicho en otras ocasiones la ONG, las muertes se han registrado principalmente en las cárceles que albergan a la mayoría de los más de 92.480 detenidos bajo este régimen y que, en su gran mayoría, no tienen condenas, mientras que poco se conoce de la reconocida cárcel del Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot).
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De acuerdo con un informe del SJH, divulgado a finales de enero, la violencia física encabeza las causas de muerte de presos en las prisiones de El Salvador, con cerca del 32 % de los casos reportados.
Hasta el momento, el Gobierno del presidente Nayib Bukele no se ha pronunciado al respecto ni ha reaccionado ante dicha situación.
El régimen excepcional, aprobado en marzo de 2022 tras una escalada de asesinatos a manos de pandilleros y que suspende garantías constitucionales a la población, ha dejado 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos y es la principal medida del Gobierno de Bukele contra las maras para reducir la violencia.
La medida continúa vigente a pesar de los múltiples llamados de organizaciones de derechos humanos para poner fin a su implementación y cuenta con el respaldo de cerca del 85 % de la población.
