Santo Domingo.- Las modificaciones al Código Penal no son cualquier proyecto de ley. Se trata de cambios a la principal norma que rige los delitos y las penas en el país.
Precisamente por esa importancia, sorprende la velocidad con la que se desarrolla el proceso. El plazo para recibir observaciones venció este miércoles a las seis de la tarde. Instituciones y especialistas presentaron propuestas, entre ellas, la de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), con planteamientos técnicos que merecen una evaluación seria.
Sin embargo, ya este jueves, la Comisión Bicameral presentará su informe final y, según ha anunciado el presidente de la Cámara de Diputados, sería conocido para su aprobación en primera lectura este mismo jueves. La pregunta es sencilla: ¿tendrán tiempo suficiente para estudiar todas esas observaciones?
¿Hay tiempo para un análisis riguroso?
«Si realmente existe el interés de aprobar un mejor Código Penal, la alternativa parece evidente».
Bastaría con modificar el artículo relativo a su entrada en vigencia el 3 de agosto, extender ese plazo y aprovechar ese tiempo para revisar con calma las propuestas recibidas. No se trata de retrasar por retrasar. Se trata de legislar bien.
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Una decisión que afecta a toda la sociedad
Las leyes penales tienen consecuencias profundas. Cada modificación puede afectar derechos, deberes, víctimas, imputados y la administración de justicia. Por eso requieren análisis, consenso y, sobre todo, tiempo.
Las cosas hechas al vapor rara vez producen buenos resultados. Y cuando se trata del Código Penal, el costo de una decisión apresurada lo termina pagando toda la sociedad.
- Este no es el código de un partido, de un gobierno ni de un congreso.
- Es el código de todos. Por eso merece algo mejor que una carrera contra el reloj.
Al final, la pregunta sigue siendo la misma: si existe una salida que permite hacer las cosas con mayor rigor, ¿cuál es el apuro?
Antecedentes del proyecto de reforma al Código Penal
La discusión sobre la reforma del Código Penal lleva más de dos décadas en el Congreso Nacional, sin que hasta la fecha se haya logrado aprobar una legislación definitiva que sustituya el código vigente, el cual data del siglo XIX y ha sido objeto de múltiples modificaciones parciales.
En los últimos años, distintos sectores han insistido en la necesidad de actualizar la normativa para incorporar nuevos tipos penales, endurecer sanciones para algunos delitos y adecuarla a la realidad jurídica y social del país.
Sin embargo, el proyecto ha enfrentado reiterados desacuerdos entre legisladores, organizaciones de la sociedad civil, gremios profesionales y sectores religiosos, principalmente por disposiciones relacionadas con las causales del aborto, la corrupción, los crímenes de lesa humanidad, la violencia de género y otros temas de alto impacto.
En el proceso legislativo más reciente, la Comisión Bicameral abrió un período para recibir observaciones de instituciones y especialistas.
Entre las entidades que presentaron propuestas figura la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), que planteó ajustes técnicos a varios artículos del proyecto. También el Defensor del Pueblo sometió recomendaciones con el objetivo de fortalecer la técnica legislativa y la aplicación de la futura ley.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que el informe final de la comisión sería conocido por el pleno para su aprobación en primera lectura, mientras diversos sectores han expresado preocupación por la rapidez con la que avanza el proceso y han solicitado más tiempo para evaluar las observaciones presentadas antes de la aprobación definitiva.
