Nueva York – Grupos proinmigrantes en Pensilvania celebran este jueves la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de no continuar con los planes para convertir dos almacenes en centros de detención en los condados de Berks y Schuylkill, que en conjunto albergarían a 9.000 personas.
Nos sentimos orgullosos de las comunidades que trabajaron juntas para presionar a los funcionarios electos locales y al Departamento de Protección Ambiental del estado para proteger a las personas de ser almacenadas en estas instalaciones, así como para evitar peligros para la salud, la seguridad y la infraestructura de nuestras comunidades», señala un comunicado de la Pennsylvania Immigration Coalition.
El grupo atribuye la decisión de la agencia federal al «poder y la presión» de las comunidades.
Shapiro anuncia retiro de planes del DHS
La decisión de la agencia federal fue dada a conocer por el gobernador del estado y exfiscal general, el demócrata Josh Shapiro, quien recordó que, desde que se conocieron los planes, dejó claro que los almacenes no eran adecuados para personas y que su uso como centros de detención «hubiera supuesto graves riesgos para la salud, la seguridad y la infraestructura de las comunidades aledañas».
El Departamento de Seguridad Nacional retiró el miércoles las apelaciones que había presentado contra las órdenes administrativas del Gobierno de Shapiro, emitidas el pasado marzo, relacionadas con las operaciones de los dos almacenes que compró el DHS por 207 millones de dólares.
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Órdenes ambientales frenaron los almacenes
El 6 de marzo, el Departamento de Protección Ambiental de Pensilvania (DEP) emitió cinco órdenes administrativas, entre ellas al DHS y los municipios que se verían afectados con el establecimiento de los centros de detención, que prohibían el suministro de agua y alcantarillado hasta que la agencia demostrara el cumplimiento de las regulaciones ambientales federales y estatales.
Al igual que cualquier otra entidad, el DHS debe demostrar que sus instalaciones cumplen con las normas ambientales», señaló la orden.
A pesar de que los proyectos no continuarán adelante, Shapiro ordenó que las órdenes administrativas «sean definitivas y permanezcan vigentes».
El Departamento de Protección Ambiental continuará supervisando de cerca estas instalaciones para garantizar que el Departamento de Seguridad Nacional cumpla con su intención declarada», afirmó Shapiro en el comunicado que informa sobre la decisión del DHS.
El DEP de Pensilvania envió cartas el miércoles al Departamento de Seguridad Nacional, tras conocer su decisión, informando de que la orden administrativa sigue vigente.
Presión para vender edificios y cerrar Moshannon
Nuestras comunidades quieren que sean vendidos. Exigimos que el Congreso se desprenda inmediatamente de esos edificios», indicó la organización.
Además, luchan por cerrar el Centro de Procesamiento del Valle de Moshannon, en Pensilvania, el más grande del noreste, con capacidad para albergar unas 1.876 personas.
El Moshannon y el centro Delaney Hall, en Nueva Jersey, el más grande de la región este, son operados por The GEO Group, una de las mayores empresas del mundo en la gestión de prisiones privadas, centros de detención migratoria y servicios de salud mental.
El pasado junio se conoció que ICE decidió abandonar sus planes de expansión para nuevos centros masivos de detención en junio de 2026 y que vendería o transferiría a otras agencias federales los almacenes que había comprado para ese propósito.
