El Gobierno de Costa Rica presentó este lunes un paquete de proyectos de ley para aumentar las causales de extradición para nacionales e incrementar los castigos de cárcel a la minería ilegal, como parte de una estrategia para combatir la inseguridad y fortalecer la lucha contra el crimen organizado.
La presidenta del país, Laura Fernández, expuso ante el Congreso la batería de propuestas de ley, entre las que se destaca una reforma constitucional para ampliar la cantidad de delitos por los cuales un costarricense puede ser extraditado desde su país, que en la actualidad se reducen solamente a narcotráfico y terrorismo.
Los delitos que se agregarían como causales de extradición son legitimación de capitales, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, tráfico ilícito de armas, tráfico ilícito de órganos y tejidos; el sicariato y homicidios vinculados con estructuras criminales organizadas, participación en organizaciones criminales transnacionales, cibercrimen, ciberfraudes y ciberterrorismo.
La nacionalidad es un derecho y un orgullo para millones de ciudadanos honestos; no es un escudo para miembros de organizaciones criminales transnacionales, no puede haber un abuso en el entendido de la nacionalidad; por eso vamos a ampliar las causales de extradición para delitos graves», expresó Fernández.
En mayo de 2025, el Congreso de Costa Rica aprobó una reforma a un artículo de la Constitución Política para levantar la prohibición de extradición de nacionales, incluidos los extranjeros naturalizados, quienes, según las autoridades, en muchos casos obtenían la nacionalidad de manera irregular para evitar una eventual extradición.
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Desde entonces, las autoridades han ejecutado varias extradiciones de costarricenses a Estados Unidos y Europa; la más sonada, la del exministro de Seguridad y exmagistrado Celso Gamboa, acusado de narcotráfico.
Propuesta contra la minería ilegal
En el paquete de proyectos de ley presentados este lunes por el Ejecutivo también sobresale uno para aumentar los castigos de prisión para la minería ilegal y toda su cadena productiva entre 6 meses y 10 años, de los 3 meses a 5 años en la actualidad.
El Gobierno también impulsa desde hace meses en el Congreso una propuesta de ley para reactivar la minería de oro y otorgar concesiones a empresas en la localidad de Las Crucitas (norte), cerca de la frontera con Nicaragua.
Allí las autoridades policiales detienen constantemente a mineros ilegales, muchos de ellos nicaragüenses, y decomisan material, equipos utilizados para extraer oro de forma artesanal y químicos nocivos para el medio ambiente.
En Las Crucitas iba a operar una mina de oro a cielo abierto concesionada a la canadiense Infinito Gold, pero, tras una extensa batalla legal, la compañía perdió la concesión en 2010 sin iniciar la construcción de la mina y, a partir de entonces, el sitio fue aprovechado por mineros artesanales ilegales que utilizan técnicas que emplean mercurio y cianuro.
El Gobierno asegura que hay registros de mineros ilegales nicaragüenses que han sido deportados más de 35 veces y que mucho del oro extraído en Las Crucitas termina en Nicaragua.
