Redacción Internacional.- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se ha desplazado este viernes a la ciudad autónoma de Ceuta, fronteriza con Marruecos, para atender la crisis migratoria desatada en los últimos días: «Lo sucedido es un ataque, una violación de la integridad territorial de España«, ha dicho ante los medios.
Se calcula que desde ayer han ingresado en territorio ceutí más de 40.000 migrantes irregulares, sobre todo a nado, pero también a pie, colapsando por completo una ciudad de poco más de 80.000 habitantes.}
Tras mostrar su solidaridad con los ciudadanos ceutíes, Sánchez ha expresado su rechazo a lo acaecido: «Merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena, en el nivel más enérgico posible», ha dicho, para sostener a continuación que su Gobierno va a usar todos los recursos del Estado para garantizar la seguridad y la convivencia.
Culpa a las mafias
El presidente español reveló que, tras analizar la situación y conversar con las autoridades marroquíes, han llegado a la conclusión de que «subyace la lectura interesada que las mafias han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo«, que establece que no se puede repatriar en caliente a las personas que entran en territorio español a nado, al considerar que no existe una frontera física.
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Parece que esta lectura del Tribunal Supremo ha corrido como la pólvora durante las últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos y ha producido una avalancha», explicó el mandatario.
Sánchez defendió esta hipótesis aduciendo a que, en los últimos años, en las costas españolas, citando explícitamente a Ceuta, Melilla, las islas Canarias y las islas Baleares, lo que se ha visto ha sido la «reducción sistemática de la llegada de flujos migratorios de origen irregular». Así, apuntó que en lo que llevamos de año se ha reducido un 36 % y el ejercicio anterior la disminución fue de alrededor del 40 %.
Lo sucedido ayer rompe una dinámica consistente de reducción de los flujos irregulares», reiteró el presidente español, que refirió que su Gobierno ha aumentado en 400 el número de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y ha desplegado a las Fuerzas Armadas, mientras se están agilizando los expedientes para la repatriación de los migrantes irregulares.
