Un inédito conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Judicial crece día con día en Costa Rica, un país históricamente caracterizado por su estabilidad política y social, pero que en los últimos años ha sufrido los embates de la violencia causada por el auge del narcotráfico y el crimen organizado.
La llegada al poder del presidente derechista Rodrigo Chaves en 2022 supuso un cambio en las relaciones entre los poderes del Estado, debido a sus constantes señalamientos al trabajo del Poder Judicial, un discurso que ha mantenido su sucesora, Laura Fernández, quien se califica como su «heredera».
Fernández ha criticado los salarios y la reelección de magistrados por largos periodos y ha instado a los más longevos a dar espacio a otras personas, al señalar que el Poder Judicial no cumple con su labor de garantizar una justicia pronta y cumplida.
Figuras de la oposición han señalado al oficialista Partido Pueblo Soberano de tener tintes autoritarios y de querer controlar el Poder Judicial.
Estas son las claves para entender un conflicto en escalada:
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1. La Sala Constitucional, uno de los focos de conflicto
Este viernes Fernández acusó de golpistas a los magistrados de la Sala Constitucional, que prorrogaron el nombramiento de los suplentes de ese tribunal, tras siete meses en los que el oficialismo en el Congreso se ha negado a votar la nómina de candidatos propuestos por el Poder Judicial.
Los magistrados golpistas han instaurado un régimen donde se otorgan poderes que ni la Constitución Política ni los instrumentos internacionales le han dado a la Sala Constitucional«, expresó Fernández, quien aseguró que es el Congreso el único autorizado para nombrar a los magistrados.
El Gobierno anunció que presentará ante la Corte Suprema de Justicia una querella por prevaricato (actuaciones fuera de la ley).
La Sala Constitucional, que se encarga de resolver recursos de amparo, de hábeas corpus, acciones de inconstitucionalidad y la protección de derechos humanos, ha sido otro punto de discordia por diversos fallos que ha emitido en contra del Gobierno, varios de ellos por violaciones a la libertad de prensa y de expresión.
2. Recorte presupuestario y roces con la Fiscalía
Las críticas del expresidente Chaves al Poder Judicial, al que suele referirse como «Poder Perjudicial», han continuado ahora como ministro de la Presidencia (Interior) y de Hacienda del Gobierno de Fernández, e incluso ya anunció un recorte del 5 % al presupuesto judicial para 2027, con el argumento de que aplicará a todas las instituciones del Estado.
A inicios de 2025, Chaves encabezó una marcha para exigir la renuncia del fiscal general, Carlo Díaz, a quien llegó a calificar como «matón».
Díaz lidera una serie de investigaciones contra Chaves y varios de sus excompañeros de Gobierno. Muchos de ellos, incluido el expresidente, continúan con inmunidad en la actual Administración de Fernández como ministros o diputados.
Las investigaciones más sonadas han sido una por supuesto financiamiento ilegal de la campaña de Chaves y otra por un aparente uso irregular de recursos públicos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
3. El crimen organizado golpea en medio de las disputadas entre Poderes del Estado
En los últimos años, Costa Rica ha sufrido una escalada de la violencia atribuida al crimen organizado y el narcotráfico, con números inéditos de homicidios que han elevado la tasa a cerca de 16 por 100.000 habitantes.
La captura la semana pasada de Alejandro Arias Monge, alias ‘Diablo’, el narcotraficante más buscado del país, también abrió otra polémica.
La presidenta Fernández puso en duda la información brindada por el Poder Judicial y la razón por la cual ‘Diablo’ fue trasladado de la prisión a un tribunal para su audiencia de medidas cautelares, en lugar de llevar a cabo la diligencia de forma virtual.
La Fiscalía lamentó que «en lugar de respaldar el trabajo de las instituciones encargadas de investigar y perseguir al crimen organizado, se promuevan especulaciones que únicamente generan desinformación, desconfianza ciudadana y un innecesario desgaste institucional».
