Puerto Plata.– Un tribunal de Puerto Plata impuso tres meses de prisión preventiva contra un hombre acusado de destruir, de manera intencional, varios medidores de energía eléctrica, propiedad de la empresa Edenorte Dominicana, a solicitud de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE).
La medida de coerción fue dictada contra Rine Liranzo García, quien deberá permanecer en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe, en Puerto Plata, mientras el Ministerio Público amplía las investigaciones del caso.
Medida de coerción e investigación
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 6 de julio, alrededor de las 7:00 de la mañana, en la calle Mella, parte alta del sector El Club, en el municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.
El Ministerio Público establece que el imputado destruyó varios medidores eléctricos pertenecientes a Edenorte, utilizando un palo de madera, causando daños a la infraestructura del sistema de distribución de energía.
Daños a medidores y base legal
La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico indicó que la conducta atribuida al procesado constituye una presunta violación al artículo 124-1 de la Ley General de Electricidad No. 125-01, modificada por la Ley No. 186-07, que sanciona el fraude y los atentados contra la infraestructura del sistema eléctrico nacional.
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Tras conocerse la decisión judicial, el procurador de corte José Aníbal Carela, titular interino de la PGASE, reiteró el compromiso de la institución de perseguir el fraude eléctrico y cualquier acción que afecte la infraestructura energética del país.
Asimismo, exhortó a la ciudadanía a abstenerse de cometer este tipo de hechos, al advertir que el Ministerio Público continuará actuando con firmeza contra quienes incurran en delitos que comprometan la estabilidad del servicio eléctrico.
Advertencia sobre el sistema eléctrico
La PGASE recordó que la destrucción de la infraestructura eléctrica afecta la continuidad del suministro de energía, perjudica el patrimonio de las empresas distribuidoras y conlleva sanciones penales para los responsables.
