Santo Domingo.– La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó que ha suspendido de oficio 81 registros de proveedores del Estado (RPE) pertenecientes a funcionarios electos y designados durante este año, tras la entrada en vigor de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas.
La institución explicó que la medida incluye la suspensión del RPE de 11 senadores, dispuesta el pasado 30 de junio, y responde al nuevo régimen de inhabilidades, que prohíbe a determinados funcionarios contratar con el Estado mientras permanezcan en sus cargos.
La DGCP aclaró que estas suspensiones no constituyen sanciones administrativas ni medidas punitivas, sino acciones preventivas destinadas a garantizar la integridad del Registro de Proveedores del Estado y el cumplimiento de la legislación vigente.
Nueva ley prohíbe participación de funcionarios en empresas proveedoras
La Ley 47-25, vigente desde enero de 2026, establece en su artículo 38 una prohibición absoluta para que funcionarios electos y designados tengan participación societaria en empresas proveedoras del Estado, sin importar el porcentaje de acciones.
La normativa también impide que estos funcionarios desempeñen funciones de dirección, gerencia o formen parte de consejos de administración en empresas registradas como proveedoras del Estado.
Suscribete al newsletter de Noticias SIN
La DGCP señaló que la derogada Ley 340-06 permitía a funcionarios de primer y segundo nivel jerárquico, incluidos los legisladores, mantener una participación accionaria de hasta un 10 %.
El 13 de febrero de este año, la institución emitió la circular DGCP44-PNP-2026-001, mediante la cual otorgó un plazo de 15 días hábiles para que los funcionarios comprendidos dentro de las causales de inhabilidad solicitaran voluntariamente la suspensión de sus registros.
Una vez agotado el plazo, el órgano rector procedió con las suspensiones de oficio, conforme al artículo 69 del Reglamento de Aplicación 52-26.
La DGCP indicó que durante este año ha emitido tres actos administrativos que ordenan la suspensión de los 81 RPE de funcionarios electos y designados.
Asimismo, reveló que entre 2020 y 2025 fueron suspendidos de oficio 591 registros de proveedores, pertenecientes a funcionarios de primer y segundo nivel, autoridades municipales electas y sociedades comerciales relacionadas.
Esas suspensiones fueron realizadas bajo las disposiciones del artículo 14 de la derogada Ley 340-06.
La institución reiteró que los cruces de información, las verificaciones y los procesos de debida diligencia forman parte de sus labores habituales para evitar que personas legalmente inhabilitadas participen en procesos de contratación pública.
