Bangkok. – La Fiscalía ha tomado la delantera en el juicio político contra la vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, mientras la defensa intenta desacreditar pruebas y testigos del proceso, que cumple este jueves un mes tras iniciarse en el Senado y que podría derivar en la inhabilitación vitalicia de la funcionaria.
La vicepresidenta, hija del exmandatario Rodrigo Duterte (2016-2022), detenido en La Haya por presuntos crímenes de lesa humanidad, se juega su futuro en las presidenciales de 2028, en las que prevé competir siempre que no sea declarada culpable por el Senado, donde su apoyo ha mermado en las últimas semanas.
La política de 48 años aún no ha acudido al Parlamento, donde los senadores actúan como jueces para determinar si es responsable de cuatro delitos, incluida malversación de fondos, y por sus amenazas contra el actual presidente, Ferdinand Marcos Jr., a quien en 2024 afirmó haber ordenado matar si ella misma era asesinada.
El proceso es ejemplo, asimismo, de la ruptura entre los clanes Marcos y Duterte, que comenzó a desintegrarse desde el comienzo del Gobierno, a mediados de 2022, y entró en un punto aparentemente irreconciliable desde las amenazas de la vicepresidenta.
La Fiscalía toma la delantera
En las últimas semanas, la Fiscalía ha presentado testigos y documentos para intentar demostrar que Duterte malversó fondos reservados que ascienden a 612,5 millones de pesos filipinos (unos 10 millones de dólares) en su gestión como vicepresidenta y secretaria de Educación.
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A juicio del decano del departamento de Política Pública de la Universidad de Makati, Ederson Tapia, «la Fiscalía ha tenido un primer mes relativamente sólido», construyendo una cronología «que conecta documentos y testimonios» para demostrar un presunto patrón delictivo.
Además, el Tribunal Supremo desestimó el miércoles las peticiones de la defensa para anular el ‘impeachment’, lo que permite la continuidad del juicio, si bien Sara Duterte acabó siendo absuelta en un proceso similar en 2025 por defectos de forma en la acusación.
La defensa desacredita
Por su parte, los abogados de la vicepresidenta aseguran que no hubo ilegalidad alguna en sus gestiones y que las amenazas contra el presidente fueron «sacadas de contexto».
«La defensa se ha centrado más en poner a prueba la credibilidad, cuestionar la interpretación de las pruebas y plantear cuestiones procesales y constitucionales», dijo Tapia a EFE.
El profesor cree que la decisión final dependerá de cómo los senadores evalúen «no solo las pruebas, sino también su suficiencia legal».
Para que Duterte resulte inhabilitada, se requiere una mayoría de dos tercios del Senado, normalmente conformado por 24 miembros.
Cuando se presentó el caso, la vicepresidenta contaba con un cómodo apoyo en la Cámara Alta, pero su influencia se ha visto mermada tras las detenciones de senadores afines a Duterte, como Rodante Marcoleta y Jinggoy Estrada, por presunta malversación.
Además, el legislador Ronald ‘Bato’ dela Rosa se mantiene prófugo desde mayo, después de que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera una orden de detención en su contra por presuntos crímenes de lesa humanidad vinculados a la campaña antidrogas de Rodrigo Duterte.
Así, los apoyos firmes de Sara Duterte quedarían en nueve —el mínimo para absolverla—, mientras que sus detractores se mantendrían en doce, según académicos consultados por EFE.
