- Efectivos de fuerzas de seguridad de Argentina activaron un operativo para disolver la protesta montada este jueves a las puertas del Congreso para rechazar un proyecto de ley sobre propiedad privada impulsado por el Gobierno del ultraliberal Javier Milei.
- Parapetados detrás de los vallados que rodean a la sede del Parlamento, en el centro de Buenos Aires, los efectivos comenzaron a disparar gases lacrimógenos, balas de goma y chorros de agua desde un camión policial para dispersar a los manifestantes.
Varios minutos después, y una vez que muchos de los manifestantes ya habían retrocedido, los policiales abrieron el vallado y avanzaron para despejar completamente la plaza frente al Congreso.
Convocatoria y avance policial en el Congreso
La manifestación, a la que acudieron miembros de agrupaciones sociales, sindicales, políticas, estudiantes y ciudadanos independientes, había sido convocada en horas del mediodía y se desarrolló durante varias horas sin incidentes, hasta que comenzó el accionar policial.
«La protesta tenía como eje manifestar el rechazo al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, impulsado por el Gobierno, y que es debatido este jueves por el pleno del Senado».
Puntos sensibles del proyecto oficial
La iniciativa contiene varios aspectos sensibles desde el punto de vista social, económico y ambiental, como la promoción de «desalojos exprés», mayores limitaciones para que el Estado pueda expropiar un activo y la eliminación de restricciones al uso de tierras incendiadas.
El proyecto original también incluía un capítulo que relajaba las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros, el cual fue retirado por el oficialismo ante el creciente rechazo popular y el temor a un fracaso en la votación del Senado de este jueves.
Suscribete al newsletter de Noticias SIN
La jornada de protesta se desarrolló en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno de Javier Milei y distintos sectores sociales que cuestionan el alcance de las reformas impulsadas por su administración.
Organizaciones convocantes señalaron que continuarán movilizándose contra iniciativas que, a su juicio, podrían modificar derechos adquiridos y limitar la capacidad del Estado para intervenir en asuntos considerados de interés público.
Desde el oficialismo defienden el proyecto como una medida destinada a fortalecer la seguridad jurídica y garantizar la protección de la propiedad privada, argumentando que busca generar condiciones más favorables para la inversión y el desarrollo económico. Sus impulsores sostienen que los cambios permitirán reducir obstáculos burocráticos y brindar mayor previsibilidad a propietarios y empresas.
Tras el operativo policial, organizaciones de derechos humanos y dirigentes opositores expresaron preocupación por el uso de la fuerza durante la manifestación y reclamaron una investigación sobre el accionar de los efectivos. Mientras tanto, el debate legislativo continúa en el Senado, donde el Gobierno busca reunir los apoyos necesarios para avanzar con una de sus principales reformas económicas y jurídicas.
La intervención de las fuerzas de seguridad generó nuevos cuestionamientos por parte de sectores opositores, que denunciaron un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Dirigentes sociales y sindicales anunciaron que evaluarán nuevas medidas de protesta en rechazo a la iniciativa y al manejo del operativo desplegado frente al Congreso.
