Esta columna abordó en su anterior entrega la cuestión relativa al carácter constitucional o no del gobierno de Francisco Alberto Caamaño Deñó. La respuesta fue afirmativa, si bien reconociendo que su ascenso a la presidencia se produjo en el contexto de un conflicto cívico-militar que se desató con el propósito de restablecer la Constitución de 1963 y retornar al profesor Juan Bosch a la presidencia de la República sin elecciones. El país se encontraba, pues, en una situación de ruptura política, por lo que las formalidades jurídicas estaban mediadas por esa realidad, a pesar de lo cual el sector constitucionalista procuró cumplir, lo más que pudo en esas circunstancias excepcionales, con las disposiciones constitucionales en materia de sucesión presidencial.
Luego de la intervención militar estadounidense el 28 de abril de 1965, la Organización de los Estados Americanos (OEA) “legitimó” la intervención unilateral de Estados Unidos, creó la Fuerza Interamericana de Paz (FIP) y poco tiempo después designó una comisión negociadora encabezada por el experimentado diplomático Ellworth Bunker. Como se dijo en aquella entrega, esta comisión reconoció a Caamaño como presidente constitucional y lo trató como tal, pero no lo hizo con la idea de que este permaneciera en el poder hasta que se completara el período que le correspondía al presidente Bosch, sino como interlocutor válido en la búsqueda de una salida negociada.
Los constitucionalistas entendieron perfectamente que la intervención militar cambió radicalmente el cuadro político-militar del país, por lo que decidieron, correctamente, que la única salida posible en esas circunstancias era la negociación. El pragmatismo, en el buen sentido de la palabra, se impuso a cualquier visión romántica o voluntarista de que era posible continuar la lucha contra unas fuerzas de intervención con una superioridad militar indiscutible.
El equipo negociador del lado constitucionalista estuvo encabezado por Caamaño (presidente constitucional) e integrado por Jottin Cury (ministro de Relaciones Exteriores), Héctor Aristi (ministro de la Presidencia), Salvador Jorge Blanco (procurador general de la República) y Aníbal Campagna (presidente del Senado). Otras personas, como Antonio Guzmán Fernández, gravitaron en esas negociaciones, pero ese fue el equipo que negoció de manera directa con la comisión de la OEA. Por su parte, esta última estuvo integrada, además de Bunker, por los embajadores Ilmar Penna Marinho de Brasil y Ramón de Clairmont Dueñas de El Salvador.
En las actas de las sesiones que se produjeron entre estas dos partes se pueden identificar los puntos principales de la negociación, los cuales fueron: 1) si la Constitución de 1963 sería restablecida como Ley Fundamental del país; 2) quién sería la persona que presidiría el gobierno de transición y se encargaría de organizar las elecciones nacionales; 3) cuál sería el estatus de los militares envueltos en el conflicto, particularmente las posiciones que ocuparían los jefes militares del sector de San Isidro; y 4) cuándo saldrían las fuerzas de ocupación y quién tendría el derecho de decidir la fecha de esa partida. Otros asuntos, como la aprobación de un calendario electoral, fueron menos controversiales.
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El desbalance de fuerzas hizo que los constitucionalistas tuvieran que hacer importantes concesiones a la comisión de la OEA, la cual estaba encabezada, como se dijo, por un hombre fuerte, experimentado y bastante inflexible, quien, además, sabía que su diplomacia estaba respaldada por la fuerza militar. La primera concesión fue sobre la cuestión constitucional. Aunque la causa inspiradora del movimiento constitucionalista fue el restablecimiento de la Constitución de 1963, esta fue la primera demanda que tuvieron que abandonar. Si bien es cierto que la comisión de la OEA aceptó un documento que contenía la lista de derechos y libertades de esa Constitución (no así las disposiciones relativas a temas económicos y sociales), los constitucionalistas no pudieron materializar su objetivo principal de que se restableciera plenamente el texto constitucional de 1963. Esta fue, sin duda, una fuente de frustración para ellos.
El segundo punto controversial fue la selección de la persona que encabezaría el gobierno provisional. Probablemente, este fue el asunto en el que la comisión de la OEA, especialmente el embajador Bunker, fue menos flexible. La persona escogida fue el Dr. Héctor García Godoy, a quien algunos miembros del lado constitucionalista objetaban por considerar que no sería imparcial debido a sus vínculos con sectores de la oligarquía dominicana. Dada la división interna que existían entre los propios constitucionalistas en torno a este asunto, fue necesario someterlo a votación entre los delegados de los partidos y fuerzas políticas que representaban el lado constitucionalista, cuya mayoría aprobó aceptar a García Godoy. La defensa de esta fórmula estuvo a cargo de Jorge Blanco, mientras que Caamaño, Cury y Aristi adoptaron la posición contraria.
En lo que respecta a la cuestión militar, los constitucionalistas lograron al menos una victoria formal en cuanto a que se aceptó su propuesta de que los militares fueran subordinados al poder civil ante la posición de algunos sectores de que los militares fueran dejados en los mismos cargos que ocupaban al momento en que comenzó la crisis.
Esto implicaría que el presidente de transición no hubiese tenido poder para ejercer su autoridad de transferir o sustituir a los mandos militares. En términos prácticos, sin embargo, esto no representó ninguna ventaja para los constitucionalistas.
El otro punto controversial -tal vez el más importante- fue la cuestión del retiro de las tropas de la FIP, esto es, la fecha de salida y quién tendría la autoridad para disponer ese retiro. Los constitucionalistas consideraban que esa debía ser una atribución del presidente provisional, mientras que los negociadores de la OEA sostuvieron que esta decisión correspondía a este órgano regional. Al final, los negociadores constitucionalistas tuvieron que conformarse con insertar en el documento que plasmó el acuerdo una reserva que fue más bien de carácter simbólico. Las tropas salieron un año después.
Con la firma del Acta de Reconciliación Dominicana el 3 de septiembre de 1965, además del Acto Institucional, se puso fin al conflicto. Ese día, el presidente Caamaño presentó formalmente su renuncia ante el Congreso Nacional en un acto que se celebró en la Fortaleza Ozama, Ciudad Colonial de Santo Domingo. A partir de ese momento comenzó a correr el período de transición que culminó con la elección del Dr. Joaquín Balaguer a la presidencia el 30 de junio de 1966 en un proceso electoral que se llevó a cabo con las tropas de intervención todavía presentes en el país. Esa elección marcó el inicio de un nuevo ciclo político en la vida nacional que duró hasta la transición política democrática de1978, la cual, a su vez, dio apertura a la etapa más larga de estabilidad política y gobernabilidad democrática que ha vivido la República Dominicana en toda su historia.