Madrid. – La Audiencia Nacional española concedió la libertad condicional por motivos de salud al excoronel y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocente Montano, condenado en 2020 a 133 años por los asesinatos de cinco jesuitas españoles en 1989, entre ellos Ignacio Ellacuría.
Seis años después de aquella condena, que más tarde ratificó el Tribunal Supremo en una sentencia en la que calificó los hechos de «crimen de Estado», la Audiencia Nacional le concedió la libertad condicional anticipada por enfermedad, a propuesta de la cárcel de Estremera (Madrid).
Libertad condicional por enfermedad
Montano, de 84 años y con un «declive cognitivo elevado», quedará sujeto al cuidado y vigilancia de la ONG Basida, en Madrid, que ha aceptado su custodia, según el auto judicial, adelantado por el diario digital español El Confidencial y al que tuvo acceso EFE.
El juez considera que la «enfermedad irreversible» que padece, con constantes salidas al hospital, y su avanzada edad, «hace necesario atender a la libertad condicional» y subraya que «lo importante es constatar que el medio penitenciario no es el adecuado para el seguimiento y control de la enfermedad».
Antes de adoptar su decisión, la Audiencia Nacional intentó, sin éxito, ponerse en contacto con familiares de las víctimas del excoronel, en virtud del Estatuto de la Víctima, si bien algunas ya habían fallecido y a otras no fue posible contactar. La Fiscalía no se opuso a la libertad condicional.
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Montano fue el único dirigente militar juzgado en España por estos hechos y condenado por cinco asesinatos de carácter terrorista —los de los religiosos españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno—, perpetrados la noche del 15 al 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana y en medio de la mayor ofensiva insurgente registrada durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
El tribunal también le consideró autor de los crímenes de otro jesuita salvadoreño, Joaquín López; de la cocinera del centro, Julia Elba, y de su hija Celina Mariceth, de 15 años, si bien no se le pudo condenar por ello al no haber concedido Estados Unidos su extradición por estos hechos.
La sentencia, que llegó más de 31 años después de la matanza, estimó probado que los asesinatos fueron urdidos, planeados, acordados y ordenados por los miembros del Alto Mando de las Fuerzas Armadas salvadoreñas, del que formaba parte no solo el condenado, sino también el entonces presidente de la República, Alfredo Cristiani (1989-1994), a quien la justicia salvadoreña se negó a entregar a España.
Juicio pendiente en El Salvador
Mientras, en El Salvador aún está pendiente el juicio por la autoría intelectual de la masacre, años después de que en 2024 un juzgado enviase a juicio a 11 acusados, entre los que estaba Cristiani, en paradero desconocido y cuya detención ordenó un juzgado salvadoreño, y mandos militares retirados.
Aparte de Cristiani, en este caso están procesados penalmente en ausencia Joaquín Cerna, Juan Rafael Bustillo y Juan Orlando Zepeda.
A ellos se suman los militares retirados Rafael Humberto Larios, Carlos Camilo Hernández, Nelson Iván López, Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía, y el exdiputado Rodolfo Parker.
