Santo Domingo.– Cerca de seis años después de que las autoridades activaran una alerta migratoria contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez, el tiempo que lleva abierto el caso Medusa se convirtió nuevamente en el centro de la disputa entre la defensa y el Ministerio Público.
Aunque el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó la solicitud de extinción de la acción penal presentada por Rodríguez, el debate dejó expuesta una diferencia fundamental entre ambas partes: qué debe considerarse como un plazo razonable para concluir un proceso penal de esta magnitud.
Disputa por el plazo razonable
La defensa del exprocurador sostiene que el tiempo transcurrido es suficiente para poner fin al proceso y anunció que llevará su reclamo ante la Corte de Apelación.
Los abogados argumentan que el llamado plazo razonable debe guardar relación con el tiempo establecido por la ley, por lo que entienden que la prolongación del expediente no puede justificarse únicamente por la complejidad del caso.
Del otro lado, el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, cuestionó que los imputados continúen presentando incidentes que, a su juicio, terminan retrasando el avance del proceso.
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La posición del Ministerio Público cobró fuerza luego de que, minutos después de que el tribunal rechazara el pedido de Rodríguez, otros dos imputados presentaran solicitudes para que también fuera declarada la extinción de la acción penal.
El tribunal, sin embargo, estableció que para determinar si se ha vulnerado el plazo razonable no basta con contar los años, meses o días que lleva abierto un expediente. Las juezas consideraron que deben analizarse las circunstancias particulares del proceso y las actuaciones realizadas durante su desarrollo.
Acusación y próxima resolución judicial
El caso Medusa comenzó formalmente en 2021 y llevó al arresto de Jean Alain Rodríguez, quien estuvo al frente de la Procuraduría General de la República entre 2016 y 2020.
El Ministerio Público acusa al exfuncionario y a otros implicados de formar parte de un supuesto entramado de corrupción que habría provocado un perjuicio al Estado superior a RD$6,000 millones.
La acusación incluye alegadas irregularidades en contrataciones, pagos y manejo de recursos durante la gestión de Rodríguez.
Ahora, mientras la defensa prepara su recurso ante la Corte de Apelación, el tribunal tiene pendiente entregar la resolución íntegra el próximo 7 de septiembre, documento que permitirá conocer en detalle los argumentos utilizados para rechazar la extinción solicitada por el exprocurador.
El caso entra así en una nueva etapa, marcada no solo por las acusaciones de corrupción, sino también por una batalla jurídica sobre cuánto tiempo puede permanecer abierto un proceso penal antes de que el paso del tiempo se convierta, por sí mismo, en una razón para ponerle punto final.