Santo Domingo.- Un padre denunció que casi dos meses después de acudir a las autoridades en Sánchez Ramírez por una presunta agresión sexual contra sus dos hijas menores de edad, la persona señalada todavía no ha sido investigada, pese a que, según afirma, entregó videos, grabaciones y testimonios relacionados con el caso.
El hombre sostiene que una de sus hijas, que entonces tenía 11 años, le reveló durante una videollamada desde Estados Unidos que presuntamente era víctima de tocamientos por parte de la pareja de su madre. Tras conocer la situación, comenzó a grabar la conversación y pidió que la menor fuera llevada a un centro de salud.
- La primera denuncia fue presentada el 26 de junio.
- La familia asegura haber entregado videos y otros elementos como evidencia.
La menor fue llevada ante las autoridades estadounidenses, donde, según el relato del padre, se abrió una investigación. Posteriormente, la niña viajó a República Dominicana y volvió a contar lo ocurrido, esta vez señalando que algunos de los hechos también habrían sucedido en territorio dominicano.

Denuncia y querella en Sánchez Ramírez
La primera denuncia fue presentada el 26 de junio ante la Unidad de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la provincia Sánchez Ramírez. Posteriormente, el abogado de la familia, Henry Morales, presentó formalmente una querella el 16 de julio.
Morales aseguró que, pese a las visitas realizadas a esa dependencia, no observaban avances en la persecución del caso.
“Él nos manifestó que sentía de que su caso no había tenido la atención debida, pues a pesar de que habían pasado varias semanas, el Ministerio Público no había actuado en consecuencia”, expresó el abogado.
La defensa sostiene que entregó un video fechado el 22 de junio, en el que una de las menores afirmaba que parte de los hechos denunciados también habría ocurrido en República Dominicana. Según Morales, inicialmente existió resistencia respecto a la competencia de las autoridades locales para investigar el caso.
De acuerdo con el abogado y el padre, posteriormente fue solicitada una orden de arresto, pero esta fue rechazada. Morales señaló que la causa comunicada fue la incompetencia, bajo el planteamiento de que los hechos relevantes habrían ocurrido exclusivamente en Estados Unidos.
El jurista considera que existen elementos suficientes para iniciar una investigación y poner en movimiento la acción penal.
“Nosotros creemos que hay elementos de prueba más que suficiente para una etapa inicial”, sostuvo Morales.
Familia pide intervención de la Procuraduría
Ante la falta de avances que denuncia la familia, el 31 de julio Morales presentó una solicitud ante la Procuraduría General de la República para que el caso pudiera ser atendido desde Santo Domingo.
El abogado explicó que posteriormente fueron recibidos por Olga Diná, quien, según su relato, les indicó que darían seguimiento al expediente y que procedía presentar una recusación contra la magistrada encargada del proceso.
La defensa sostiene que la Procuraduría debería asumir las diligencias necesarias y coordinar la cooperación internacional correspondiente por los hechos denunciados en Estados Unidos, sin dejar de investigar aquellos que presuntamente ocurrieron en territorio dominicano.
Según los testimonios recogidos por el padre, las presuntas agresiones habrían comenzado hace aproximadamente dos años, cuando las niñas tenían alrededor de siete y nueve años.
El padre afirmó que la situación le ha causado un “daño irreparable” y reclama que las autoridades investiguen lo sucedido con su denuncia.
“No he visto ninguna acción de parte de la justicia aquí hacia esa persona, motivo por el cual no sé qué está pasando ahí”, expresó.
Las menores permanecerán en República Dominicana y ya fueron inscritas en la escuela. Mientras intenta obtener su custodia, el padre pide que las autoridades determinen qué ocurrió con la denuncia y garanticen la protección de sus hijas.
