Santo Domingo.- El abogado Manuel Olivero advirtió que el proceso de evaluación de los jueces en República Dominicana no debe concentrarse únicamente en la cantidad de sentencias dictadas o audiencias celebradas, sino también en la calidad de las decisiones judiciales y los errores que obligan a recurrirlas o corregirlas.
Durante su participación en El Despertador, Olivero explicó que existe un reglamento para evaluar a los jueces de cortes, tribunales de primera instancia y juzgados de paz, pero consideró que actualmente se presta demasiado énfasis al componente cuantitativo.
A su juicio, también debe analizarse cuántas decisiones son recurridas, cuántas terminan revocadas y cuáles son las razones que llevan a tribunales superiores a corregir fallos emitidos por instancias inferiores.
Advierte sobre errores en sentencias
Olivero aseguró que en los tribunales pueden producirse errores materiales aparentemente simples, pero que terminan generando nuevos procesos judiciales.
Entre los ejemplos, mencionó sentencias en las que se mantiene por equivocación el nombre correspondiente a otro expediente, debido a que fue utilizado un modelo de una decisión anterior.
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También señaló casos en los que una sentencia presenta errores en nombres, números de cédula, numeraciones u otros datos necesarios para ejecutar correctamente la decisión.
Según explicó, estas situaciones pueden obligar a las partes a iniciar procedimientos adicionales para corregir una decisión que, en principio, pudo haber sido dictada correctamente.
Olivero planteó como ejemplo hipotético que, si un porcentaje significativo de las sentencias contiene errores materiales, esto representa una carga adicional tanto para los usuarios del sistema como para los propios tribunales.
Pide valorar el componente cualitativo
El abogado explicó que el reglamento de evaluación contempla aspectos como la independencia, imparcialidad, integridad, diligencia, secreto profesional, conocimiento, capacitación y transparencia.
Sin embargo, consideró que en la práctica se ha otorgado mayor peso a indicadores como el número de sentencias emitidas, audiencias celebradas, medidas de coerción conocidas y asuntos administrativos gestionados.
Para Olivero, esos elementos son importantes, pero deben acompañarse de una evaluación profunda sobre el contenido y precisión de las decisiones.
“No solamente debe de darse prioridad al carácter cuantitativo, hay que valorar la calidad de las sentencias”, afirmó.
Señala consecuencias por fallar con rapidez
Olivero sostuvo que la presión por producir una mayor cantidad de decisiones puede llevar a que algunos fallos salgan con errores que posteriormente deben ser subsanados.
Explicó que un tribunal no debe concentrarse únicamente en decidir rápidamente los expedientes, sino también en verificar cuidadosamente la documentación y revisar el contenido final de cada sentencia.
Afirmó que cuando una decisión contiene errores materiales y debe ser revisada por una instancia superior, se termina utilizando tiempo de otros jueces para resolver problemas que pudieron evitarse mediante una adecuada revisión.
Menciona casos en jurisdicción inmobiliaria
Olivero utilizó como ejemplo procesos de la jurisdicción inmobiliaria, como determinaciones de herederos y deslindes.
Explicó que existen situaciones en las que documentos han sido depositados mediante plataformas digitales, pero no son identificados correctamente al momento de conocer el expediente.
Según indicó, esto puede provocar que una demanda sea rechazada bajo el argumento de que determinadas pruebas no fueron aportadas, pese a que los documentos estaban disponibles en la plataforma.
En esos casos, señaló, una vez emitida la sentencia puede ser necesario acudir al Tribunal Superior de Tierras para corregir la decisión.
Alerta sobre errores más graves
El abogado también mencionó ejemplos de decisiones judiciales en las que, según afirmó, se han incluido elementos que no corresponden al expediente analizado.
Citó como referencia un caso en el que una corte habría sustentado una decisión en la existencia de un río, pese a que aseguró que en la zona involucrada no existía dicho afluente.
También mencionó decisiones supuestamente fundamentadas en documentos pertenecientes a otros expedientes que habrían sido utilizados como referencia durante la elaboración de la sentencia.
Olivero explicó que cuando este tipo de errores se produce en una corte, la situación puede llegar hasta la Suprema Corte de Justicia, aumentando la carga de trabajo de los jueces del máximo tribunal.
Evaluación de jueces de la Suprema
Olivero recordó además que actualmente se desarrolla un proceso de evaluación de jueces de la Suprema Corte de Justicia por parte del Consejo Nacional de la Magistratura.
Indicó que se trata de aproximadamente 11 magistrados y señaló que cuatro habrían decidido no someterse nuevamente al proceso de evaluación, por lo que concluirían sus respectivos períodos.
Los jueces restantes, explicó, serán evaluados por el Consejo Nacional de la Magistratura.
Olivero manifestó que para los magistrados de cortes, primera instancia y juzgados de paz existe el Reglamento 04-2023, aprobado por el Consejo del Poder Judicial, que sustituyó la normativa anterior de 2011.
Pide revisar mejor antes de emitir decisiones
Al concluir, Olivero insistió en que la evaluación judicial debe garantizar un equilibrio entre productividad y calidad.
Consideró que la rapidez no debe convertirse en el principal indicador de eficiencia de un tribunal si posteriormente las decisiones tienen que ser corregidas.
“Los tribunales no [deben] fallar rápido, sino que tienen que leer y revisar bien”, sostuvo Olivero al referirse a la necesidad de evitar errores en las sentencias.