Al Estado dominicano se le da mal el arbitraje: casi nunca gana.
Esta vez lo arrastran a uno nuevo, por la puerta de Cultura.
La defensa ya costó 1,003,000 dólares, sin poner un pie en la audiencia.
Y eso es solo el piso: faltan árbitros, peritos, testigos, gastos administrativos.
El contrato es de excepción, a 24 meses, con la tarifa abierta a «lo que resulte necesario».
Lo único que el expediente no dice es quién demandó al Estado y por qué. ¿A quién le conviene tanto silencio?

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