Santo Domingo.– El Tribunal Constitucional conoció este miércoles en audiencia pública 23 acciones directas de inconstitucionalidad presentadas contra disposiciones del nuevo Código Penal y otras leyes, entre ellas la normativa electoral y la relacionada con drogas y sustancias controladas.
Recursos contra artículos del Código Penal
Entre los accionantes figura el Colegio Médico Dominicano (CMD), que cuestiona al menos cuatro artículos del Código Penal por considerar que podrían tener consecuencias sobre el ejercicio de la medicina y la relación entre médicos y pacientes.
El presidente del CMD, Luis Peña Núñez, explicó que la organización busca que esas disposiciones sean revisadas porque, a su entender, podrían llevar a los profesionales de la salud a practicar una medicina defensiva, condicionada por el temor a eventuales consecuencias legales.
Durante la jornada también fueron examinados recursos relacionados con las disposiciones que regulan el ejercicio de los comunicadores. El abogado Cándido Simón, representante de una de las partes accionantes, expuso ante los jueces los argumentos para cuestionar esas normas.
Otra de las acciones fue presentada por colectivos de derechos humanos y representantes de la comunidad LGBT, quienes objetan disposiciones del Código Penal vinculadas con el principio de igualdad.
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La audiencia correspondiente a esta acción se desarrolló mientras activistas realizaban una concentración en las inmediaciones de la Plaza de la Bandera.
Otras leyes bajo revisión del TC
Además del Código Penal, los jueces tienen sobre la mesa recursos contra disposiciones de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, la Ley sobre Drogas y Sustancias Controladas y normas relacionadas con la judicialización de consumidores de sustancias ilícitas.
Las acciones directas de inconstitucionalidad permiten solicitar al Tribunal Constitucional que determine si una ley, decreto, reglamento u otra disposición contradice la Constitución.
Una vez concluidas las audiencias correspondientes a los recursos, los expedientes quedarán en estado de fallo, por lo que corresponderá posteriormente al Tribunal Constitucional emitir sus respectivas decisiones.