Asunción.- La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) denunció ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) la destitución, en febrero de 2024, de la senadora opositora Kattya González por considerarla «irregular e inconstitucional», dijo este miércoles el secretario ejecutivo de esa ONG, Dante Leguizamón.
Hemos presentado una comunicación al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con relación a la irregular e inconstitucional remoción de la senadora Kattya González«, dijo Leguizamón durante una conferencia de prensa junto a la exlegisladora, el abogado de la Codehupy, Hugo Valiente, y la miembro de la coordinación de turno de la ONG, Myriam González.
Cómo fue la destitución de Kattya González
Kattya González perdió su curul el 14 de febrero de 2024 tras una votación sin la presencia de la oposición y en la que se impuso una mayoría encabezada por el gobernante Partido Colorado y sus aliados.
La política de 49 años fue acusada de un presunto «uso indebido de influencias», una decisión que posteriormente la Fiscalía paraguaya consideró «inconstitucional».
Al respecto, Leguizamón explicó hoy que la destitución de la crítica exsenadora se produjo «dentro de un contexto de deterioro y debilitamiento de las instituciones democráticas» de Paraguay.
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También expresó que el Estado paraguayo «ya tiene la notificación efectiva sobre el caso» y que la ONG espera el acuse de recibo para dar continuidad al procedimiento.
La denuncia ante la ONU y sus efectos
Codehupy pidió al Comité de Derechos Humanos de la ONU que «se determine» si efectivamente se violaron los derechos políticos y procesales de González, una de las voces más críticas contra el Gobierno paraguayo, que ha estado casi ininterrumpidamente en control del Partido Colorado los últimos 78 años.
Que no se repita. Por otro lado, Valiente apuntó que «lo más importante» del proceso ante la ONU «son las medidas que se pueden adoptar» para impedir que casos como el de Kattya González se repitan.
La esencia de este caso trata de cuáles son los límites para proceder al destituir a un funcionario que fue electo por el voto popular, si estos límites tienen que respetar determinadas formas de debido proceso o si es factible.
Como sucede hoy, que un funcionario que fue electo popularmente sea destituido porque simplemente se tienen los votos suficientes para ello», agregó el asesor legal de Codehupy.
De igual forma, se mostró seguro de ganar el caso y aclaró que el Comité de Derechos Humanos de la ONU no tiene capacidad de castigar al Estado paraguayo y que, muy probablemente, el fallo se produzca «dentro de muchos años» y cuando haya vencido el período legislativo para el que González fue electa.
Va a ser impracticable la posibilidad de una reincorporación en el cargo; entonces, en ese caso, se va a tener que pensar en una medida de reparación alternativa, como un pedido de disculpas, un acto de resarcimiento público, una cuestión de esa naturaleza», anticipó.
Reparación alternativa y seguridad jurídica
Seguridad jurídica». Durante la conferencia de prensa, la exsenadora aseguró que este caso «excede» su persona y que la lucha internacional que ha emprendido tiene como objetivo último garantizar «el respeto a la voluntad popular» en Paraguay.
Estamos acá porque creemos que el Paraguay solamente se va a desarrollar si existe seguridad jurídica, si existe una Justicia independiente que deje de morder, como las víboras, al descalzo y al desvalido», indicó.
A inicios de junio pasado, la Corte Suprema de Justicia de Paraguay rechazó una acción de inconstitucionalidad promovida por González en contra de su destitución, una de las razones por las que ahora acude a instancias internacionales.
