El Congreso de Costa Rica aprobó este jueves, en la primera de dos votaciones necesarias, un polémico proyecto de ley que actualiza el canon que pagan las emisoras de radio y los canales de televisión al Estado por el uso de las frecuencias, una iniciativa criticada por medios y gremios que lo consideran una amenaza para la libertad de prensa.
El canon actual data de hace 70 años y establece un pago general para canales de televisión de unos 120.000 colones anuales (200 dólares) y para emisoras de radio de unos 3.000 colones (5 dólares), cifras que el Gobierno considera demasiado bajas y que pretende incrementar de forma escalonada de acuerdo con los ingresos brutos de las empresas.
El proyecto de ley, aprobado en primer debate con 48 diputados a favor, 3 en contra y 6 ausentes, y cuya segunda votación podría ocurrir la próxima semana, pretende que las empresas de televisión y emisoras de radio con ingresos brutos anuales superiores a 45,3 millones de colones (unos 98.000 dólares) paguen el canon.
Las emisoras de radio pagarán un canon de 1,51 %, 2,52 % o 3,13 % de sus ingresos brutos, de acuerdo con una escala establecida por el Gobierno, mientras que los canales de televisión pagarán 4,39 %, 6,17 % o 7,73 %.
Los canales de televisión que pagarán el 7,73 % son los que registren ingresos anuales superiores a los 452,5 millones de colones (alrededor de un millón de dólares).
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Gremios alertan de un riesgo para la libertad de prensa
Los gremios y algunos medios costarricenses han expresado estar de acuerdo en una actualización del canon, pero basada en estudios técnicos y bajo términos razonables.
Incluso Televisora de Costa Rica (Teletica), la empresa del sector más tradicional del país, ha señalado que en ningún país del mundo hay un cobro similar que se aplique a los ingresos brutos y que ello pone en riesgo la estabilidad de la televisión abierta en la nación centroamericana.
El Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper) manifestó este jueves que la regulación debe ser «razonable» y que «la libertad de expresión puede verse afectada frente a un espectro condicionado a la capacidad de pago».
Un canon calculado sobre ingresos brutos, sin una relación técnica clara con el uso del espectro, puede producir efectos desproporcionados sobre la continuidad de los medios, el pluralismo y el acceso de la ciudadanía a distintas fuentes de información», expresó el Colper.
El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) afirmó que un canon calculado sobre los ingresos brutos puede tener un impacto significativo en empresas cuyos costos operativos absorben una parte sustancial de sus ingresos, especialmente aquellas emisoras locales, regionales, comunitarias o de menor escala.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité de Protección de Periodistas (CPJ) también alertaron el miércoles de una «seria amenaza a la viabilidad» de canales de televisión y radio en Costa Rica por la iniciativa de ley.
Esta iniciativa, que lleva dos años en la corriente legislativa, se enmarca dentro de la tensa relación que ha mantenido el Gobierno de Rodrigo Chaves (2022-2026) y el de su sucesora Laura Fernández (2026-2030), con los medios de comunicación críticos, a los que suelen llamar «canallas», uno de ellos Teletica.
