Ginebra.- El consejo de administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha sido convocado a una reunión extraordinaria el 7 de septiembre para abordar como único punto de la agenda el pedido del director general para que se le autorice a recortar 120 empleos en esta agencia de Naciones Unidas.
Ahorro urgente de 22 millones
La organización necesita urgentemente ahorrar unos 22 millones de dólares (18,8 millones de euros), para lo cual ha señalado que ya no tiene por dónde reducir más gastos que no sean de personal.
Como tantos otros organismos especializados de la ONU, las finanzas de la OIT sufren duramente como consecuencia de los recortes de la financiación de Estados Unidos, que, como el resto de Estados.
Miembros debe cotizar de forma obligatoria al presupuesto de la organización y ya le adeuda 173,5 millones de francos suizos (215 millones de dólares / 185 millones de euros), correspondientes a las contribuciones que no le ha transferido en 2024 y 2025.
Al no haberse terminado 2026, la contribución de este año, 83,2 millones de francos suizos (103,5 millones de dólares / 88,8 millones de euros), todavía no se considera un impago, aunque, si se toma en consideración como cuota pendiente, se llegaría a los 257,5 millones de francos (320 millones de dólares / 275 millones de euros).
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Impagos de EEUU y peso presupuestario
Las contribuciones obligatorias de Estados Unidos equivalen al 22 % del presupuesto de la OIT. Le siguen China (20 %), Japón (7 %), Alemania (5,6 %) y Francia (3,8 %), mientras que las de España representan el 1,9 %, según el presupuesto de ingresos para 2026-27.
Además, esta crisis encuentra a la organización en vísperas de que se lance una campaña para el puesto de director general, en la que Gilbert Houngbo (ex primer ministro de Togo y exfuncionario internacional) espera ser reelegido en noviembre, frente a la candidatura de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz.
Ante la crítica situación, el consejo de administración confirmó en su reunión del pasado junio que Houngbo debía proceder a aplicar «medidas de contingencia», lo que implicaba llevar a cabo un «proceso justo y transparente para identificar los puestos susceptibles de ser suprimidos».
Se le pidió que en su análisis prestara atención a no degradar las capacidades esenciales para que la organización pueda cumplir con su misión.
Le instó igualmente a abrir un diálogo con el sindicato del personal, en el cual este ha expresado su desacuerdo con la autoridad que tendría el consejo de administración para decidir sobre una reducción de puestos y, en cambio, sostiene que para ello se necesitaría una delegación de autoridad expresa de la Conferencia Internacional del Trabajo.
Este último es el gran foro anual de la OIT, que reúne a Gobiernos, sindicatos y organizaciones empresariales de sus Estados miembros para debatir y adoptar normas laborales internacionales, pero su próxima reunión está prevista para junio de 2027, lo que no concuerda con la urgencia en la que se encuentra la organización.
Por su parte, el Consejo de Administración es el órgano ejecutivo que dirige el trabajo de la OIT entre conferencias, fija buena parte de sus prioridades y supervisa su funcionamiento.
Para la oficina de Houngbo, el consejo de administración tiene la facultad de decidir sobre una reducción de puestos y, más aún, «la gravedad y excepcionalidad de las circunstancias financieras» justifican que sea esta instancia la que ejerza la autoridad, de acuerdo con el documento que se discutirá el 7 de septiembre.
Uno de los asuntos más polémicos es si el director general puede dar término a los nombramientos «sin límite de tiempo» o con contratos de duración indeterminada, lo que convierte a un empleado de la OIT en funcionario internacional permanente.
De acuerdo con lo que se plantea, 73 empleos de los 120 que se prevé recortar entran en esa categoría.
