Becarios que no regresen al país tendrían que devolver inversión del Estado
El proyecto de ley en República Dominicana busca que becarios que no regresen tras estudiar en el extranjero devuelvan la inversión estatal.
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Santo Domingo. – Los estudiantes dominicanos que reciban becas del Estado para cursar estudios en universidades extranjeras podrían estar obligados a devolver los recursos invertidos en su formación si, al concluir sus estudios, deciden permanecer fuera del país.
La medida está contemplada en un proyecto de ley impulsado por el diputado José Caraballo, cuyo propósito es establecer reglas para los programas de becas otorgadas por el Estado y promover el retorno de los profesionales formados en el extranjero con recursos públicos.
Proyecto de ley sobre becas estatales
La iniciativa, aprobada por la Cámara de Diputados, se encuentra ahora en manos del Senado. Entre sus disposiciones, contempla la creación del Consejo Nacional de Becas, organismo que tendría a su cargo la regulación y supervisión de estos programas.
Aunque actualmente existen regulaciones para los estudiantes beneficiados con becas financiadas por el Gobierno, los promotores de la iniciativa sostienen que hace falta un marco legal que establezca de manera expresa las obligaciones de los beneficiarios y las consecuencias en caso de incumplimiento.
Preocupación por empleo al regresar
Uno de los aspectos que genera preocupación entre algunos becarios es la posibilidad de regresar al país sin contar con garantías de empleo una vez concluida su formación.
Durante 2026, el Gobierno otorgó 1,500 becas a estudiantes de distintas provincias para realizar estudios en universidades fuera del país. Los beneficiarios suscriben contratos que establecen sus compromisos con el programa y que, según la información suministrada, concluyen cuando retornan al territorio dominicano.
1,500 becas otorgadas en 2026
El proyecto contempla consecuencias para quienes incumplan las condiciones establecidas. En esos casos, los responsables podrían ser sometidos ante el Ministerio Público para los fines correspondientes.
La propuesta continúa ahora su proceso legislativo en el Senado, donde deberá ser estudiada antes de determinarse su aprobación definitiva.