En estos días cruciales para la dominicanidad y como siempre lo ha hecho cuando la patria amenazada lo ha requerido, el nacionalismo descansa con los ojos abiertos pendiente de cualquier escaramuza con la que se le pretenda entrampar al país para dejar terreno abierto a quienes conspiran contra la obra de Juan Pablo Duarte, que quiso legarnos una nación libre y soberana.
Por eso la nación pudo ser prevenida de los trastrueques que se dieron al proyecto de decreto del reglamento del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros Ilegales, y que lo convierten en una pieza ambigua y estimulante de un caos migratorio muy difícil de controlar.
El trabajo minucioso de un equipo de juristas coordinado por el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, ha permitido que el país dispusiera de una experticia de las incongruencias contenidas en el referido borrador, que inutilizaban la Ley de Migración, la Dirección de Migración y viola artículos de la Constitución de la República.
La Ley de Migración quedaba arrastrada por el artículo 38 del desafortunado borrador, que prohíbe todo tipo de deportación durante 18 meses, una invitación a que todos los ilegales que lo quisiesen cruzaran la frontera para venir a aprovechar la ganga, agravando a aún más el terrible peso que lleva encima el pueblo dominicano.
La protección que pudiera emanar de un permiso de residencia provisorio, solo debe cubrir a los ilegales que se acojan al plan de regulación y que hayan ingresado al país con anterioridad a la promulgación de la Ley General de Migración (15-08-2004), el borrador marca como fecha beneficiaria la de la promulgación del reglamento, por lo que se le ha tenido que recordar a los redactores de esa propuesta que el artículo 109 de la Constitución es categórico: “Las leyes serán obligatorias una vez transcurridos los plazos para que se reputen conocidas en todo el territorio nacional”.
Le ley pauta cuales son los documentos que requiere una persona para optar por la naturalización en República Dominicana y en cualquier parte del mundo, nadie puede pretender que el Estado naturalice personas sin que muestren documentos elementales de identidad, esos documentos no son cualquier papelito, tiene que haber un acta de nacimiento, una cédula, un pasaporte, y tal vez pudiera hacerse una excepción con los cuatro mil que aparecen en el registro civil con fichas del CEA, tomando en cuenta que eran oficiales, pero eso no puede ser abierto.
El borrador flexibiliza al extremo de hacerlas muy vulnerables las pruebas de radicación del extranjero ilegal, que las limita a solo dos documentos, y no a nueve como está planteado en un proyecto elaborado por la Dirección de Migración que exigía, entre otras cosas, prueba de un trabajo regular, hijos nacidos y declarados en RD, domicilio conocido y estable, documentación proveniente de cualquier autoridad pública, constancia de escolaridad o estudios superiores, convivencia pública y notoria con dominicanos, referencias comerciales, propiedades, tratando de que el beneficiario muestre arraigo real.
Si hay quienes creen que esta es una dinámica de complacer a todo el mundo se equivocan, se trata de puntos esenciales para la preservación de la dominicanidad y hay una población empoderada que ni acepta chantaje ni soluciones que no son tales, sino empeoramientos.
Haití está jugando claro al chantaje y al irrespeto de la soberanía dominicana, mostrando que no le interesa diálogo ni una discusión bilateral seria, sino sencillamente procurar que la comunidad internacional nos acorrale.
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