Solución dominicana mediante pacto político

Se han propuesto  seis opciones para solucionar el conflicto de la nacionalidad de miles de dominicanos descendientes de extranjeros sin que el país enfrente una previsible condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

 Más allá de la pretensión de reducirla a un diferendo dominico-haitiano, en círculos políticos, sociales y jurídicos se han barajado hasta seis opciones para solucionar la crisis originada por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que despoja de la nacionalidad a miles de dominicanos de ascendencia extranjera.

Los análisis más racionales parten de la urgencia de contener el deterioro de la imagen del país en el mundo globalizado y plantean la necesidad de un pacto político que sólo pueden impulsar el gobierno y su partido  para generar una “solución dominicana” al conflicto.

Retroceso en la semana

El proceso de apertura del gobierno a una solución que evite el despojo de la nacionalidad a decenas de miles de ciudadanos descendientes de extranjeros, en gran mayoría haitianos, sufrió un retroceso esta semana a causa de la dura posición adoptada por la Comunicad del Caribe (Caricom) con claro aliento de Haití, lo que llevó al gobierno dominicano a suspender el diálogo bilateral iniciado con auspicios de Venezuela.

Cuando se esperaba que Caricom suavizara sus críticas por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) y alentara la posibilidad del diálogo, pasó a la ofensiva  dando un portazo a la petición dominicana de formar parte del bloque regional, con la advertencia de que actuarían contra el país en diversos escenarios internacionales. La decisión fue precedida por un discurso del presidente de Haití Michel Martelly que no honraba el acuerdo suscrito por su canciller la semana anterior. El resultado fue que el gobierno dominicano optó por la retirada y llamó a consultas a su embajador, mientras  las relaciones bilaterales alcanzaban su mayor tensión de las últimas dos décadas.

La radical posición de Caricom devolvió protagonismo a los núcleos ultranacionalistas y antihaitianos que integran la “Red Nacional por la Defensa de la Soberanía”, y sus voceros, que habían comenzado la semana denunciando el acuerdo del viernes 22 y advirtiendo que “podría generar una reacción desestabilizadora de la paz social” y hasta cuestionando la legitimidad de la acción del gobierno.

Las confrontaciones bilaterales cobraron nuevo impulso, generando rumores que crearon incertidumbres en la zona fronteriza, por lo que  el presidente Danilo Medina instruyó a los organismos de seguridad a actuar con moderación, mientras el ministro de las Fuerzas Armadas, Almirante Sigfrido Pared Pérez, denunciaba que “sectores oscuros nacionales e internacionales” promueven conflictos.

La Solución dominicana

Tal como planteó el viernes el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas, la denuncia del propósito de diálogo con Haití no puede anular el reconocimiento que hizo el gobierno de “avanzar en todas las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad jurídica y el pleno goce y respeto de los derechos de los descendientes de haitianos nacidos en la República Dominicana”.

Aunque se había aceptado el diálogo bilateral auspiciado por Venezuela, como un paso de avance, desde el principio hubo quienes señalaron que si bien Haití, como el Caricom y toda la comunidad internacional. tienen derecho a expresase en un asunto que afecta derechos fundamentales de miles de personas, en esencia la solución debe ser nacional, a no ser que se prefiera la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que rechazan absolutamente los núcleos ultranacionalista y trataría de evadir el gobierno.

El Comité de Solidaridad abogó por “una solución dominicana al conflicto”, a partir del planteamiento del artículo 18.2 de la Constitución vigente desde enero del 2010 que reconoce la ciudadanía “a quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entada en vigencia de esta Constitución”, así como del artículo 110 de la misma,  que ratifica el principio jurídico universal de no retroactividad de la ley.

Aunque han reconocido el carácter vinculante de la sentencia y tratado de salvar la institucionalidad del TC, creado por la reforma constitucional del 2010, tanto el presidente Danilo Medina como su antecesor Leonel Fernández, quien por demás es presidente del gobernante Partido de la Liberación Dominivcana (PLD), han expresado reservas sobre la retroactividad del dictamen que deja sin la nacionalidad a los hijos de extranjeros indocumentados hasta el 1929 y han reconocido la necesidad de una solución humanitaria.

El Comité Político del PLD

En los entornos políticos y ejecutivos de los dos mayores líderes del partido que controla ampliamente el Congreso Nacional se reconoce el daño internacional que está ocasionando la crisis al país, aislado ya del vecindario, y el que pudiera agregarse si se comienza a aplicar la sentencia, Y son conscientes de que si llega a la Corte Interamericana las posibilidades de un dictamen desfavorable son muy altas, dada su jurisprudencia del 2005 en el caso de las niñas Yean y Bosico de ascendencia haitiana.

En ambos entornos políticos se han barajado alternativas que pasarían por el Congreso Nacional, o por un decreto presidencial, Pero para no cargar toda la responsabilidad de solución al primer mandatario, la balanza se inclina por el Congreso. En lo que no hay dudas es en que tendría que ser decidido por el Comité Político del PLD, entre cuyos 26 miembros habría oposición  como la del doctor Euclides Gutiérrez Félix, señalado como firme partidario de aplicar la sentencia, incluso desafiando a la comunidad internacional, a la cual considera promotora de la “fusión con Haití”.

Nadie duda que una acción concertada entre Medina y Fernández se impone fácilmente tanto en su partido como el Congreso, aunque enfrentaría la resistencia de su partido aliado Fuerza Nacional Progresista, real fortaleza de los ultranacionalistas, pero cuya votación no supera el 2 por ciento en elecciones congresuales y municipales, aliado al partido gobernante, y el 0.32 por ciento del sufragio (6 mil 63 votos) la única vez que postuló para presidente, en 1990,  a su líder Vincho Castillo.

En los sectores gubernamentales hay quienes postulando el “realismo po0lítico” entienden que no hay nada que hacer, porque alguna encuesta no publicitada ha arrojado una mayoría de la población en respaldo a la sentencia del TC, pero el Barómetro de las Américas recién publicó un estudio del año pasado que arrojaba una mayoría a favor de que se reconociera la nacionalidad a los hijos de indocumentados nacidos en el país, especialmente en los segmentos de mayor nivel educativo, secundario hacia arriba, donde la aprobación llegaba hasta 59 por ciento.

Al menos seis alternativas

            1.- La más institucional de todas las alternativas a la desnacionalización masiva  es que el propio gobierno apele a la última instancia en materia de derechos humanos, que es la Corte Interamericana, parte del bloque de constitucionalidad dominicano, solicitándole una “opinión consultiva”, prevista en el artículo 72 de su propio reglamento y en el 64 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La ventaja es que aparecería como iniciativa nacional. No desconoce el TC, cuya ley orgánica reconoce la instancia internacional.

2.- Una ley del Congreso Nacional que interprete el mandato del artículo 18.2 de la nueva Constitución que reconoce la ciudadanía a todos los que la tenían al momento de su promulgación. Todavía hay múltiples leyes pendientes para dar vigencia a los postulados de esa carta magna. Los ultranacionalistas podrían objetarla ante el mismo TC, pero  muy pocos creen que éste desafiará un acuerdo político de las fuerzas mayoritarias que obviamente tendría respaldo unánime de la comunidad internacional. Y si la objetara todavía quedaría el recurso a la Corte Interamericana.

3.- Una reforma constitucional ad hoc del artículo 18 para reconocer que la condición de transeúnte tiene un límite de tiempo, como establecían leyes desconocidas por el TC, como la anterior de Migración y la de la Cédula de identidad, que lo reducían a 10 y 60 días, respectivamente.

Las otras tres alternativas forman parte de una propuesta del Sistema de las Naciones Unidas, entregada al gobierno por su representación local, que ha insistido en mantenerla hasta ahora como documento reservado. Una fuente gubernamental dijo que  se fundamentan en consideraciones de la sentencia del TC y las resumió:

4.- El Poder Ejecutivo otorga por decreto la condición de residente a los padres de la señora Juliana Deguis y cualquiera en situación similar, para eliminar la transitoriedad en que se fundamentó el TC.

5.- En base a que nadie obtiene automáticamente la nacionalidad de otro país,  sin un proceso que puede ser extenso y costoso, para evitar que miles de personas devengan en apátridas un decreto presidencial o una ley les reafirma la nacionalidad .

6.- Conceder, por decreto o ley, la naturalización automática de todos los afectados por la sentencia, liberándolos de trámites más allá de la presentación de sus actas de nacimiento originales. Implica la pérdida o limitación de algunos derechos reservados sólo a los dominicanos de nacimiento.

La solución del conflicto de la nacionalidad permitiría a la sociedad y el gobierno concentrar su atención en la ejecución del Plan Nacional de Regularización de Inmigrantes, discutido durante dos años como mecanismo para controlar y reglamentar la inmigración, promulgada el viernes por decreto presidencial. Es una versión que supera positivamente las dos anteriores que parecían concebidas más bien para que nadie se regularizara y prosiguiera el desorden.

Es obvio que el gobierno preferiría que todo terminara con que se aceptara que los desnacionalizados simplemente se acojan al Plan de Regularización como extranjeros, pero muchos de sus responsables saben que eso no resolverá la ignominia del despojo de la nacionalidad y dejará vivo el problema en la comunidad internacional y en la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.-