El presidente Danilo Medina tiene en el proyecto de ley de naturalización uno de sus retos más difíciles, debido a los antecedentes del tema y las complejidades en la búsqueda de una posible fórmula de consenso.
A juzgar por los diferentes sectores y personalidades consultadas por el gobernante, es improbable, por no decir imposible, que se pueda llegar a un acuerdo que satisfaga plenamente a todas las partes.
Por los pronunciamientos públicos conocidos, está bien claro que entre los consultados existen posiciones diametralmente opuestas, virtualmente irreconciliables y en algunos casos vehementes, fanáticas y con carácter de doctrina.
Esto torna complicada la labor que con tan buenas intenciones y con una visión democrática y participativa ha emprendido Medina sobre un tema que ha dominado la atención local e internacional, a raíz de la controvertida sentencia del Tribunal Constitucional.
Por tal motivo, hay que reconocer y valorar el esfuerzo realizado por el Presidente para tratar de que en una decisión sobre una cuestión tan delicada y crucial como ésta se represente el sentir de diferentes áreas de la vida nacional.
En medio de presiones locales y provenientes del exterior, el Presidente ha mantenido una postura transparente, dando a conocer cada uno de sus pensamientos y adelantando algunos aspectos, sin dejarse apartar de lo que entiende es su obligación de Estado.
En ese tenor ha dejado en claro que no actuará con prisa, o sea que no festinará la decisión final que se tome con respecto al proyecto de naturalización, al subrayar que se trata de un problema de vieja data que amerita detenimiento.
Sin que medie un plazo fatal o perentorio, lo aconsejable es que no se postergue demasiado la salida a un asunto que gravita de forma tan sensible en la vida política y social de la nación y que de algún modo le distrae de su enfoque medular a otros temas de la agenda nacional.
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