SANTO DOMINGO, República Dominicana.– En medio de la euforia provocada por la acogida a la ley de naturalización, convertida en ley esta noche por el Senado, se debe reservar un espacio de serenidad para analizar las medidas a tomar para que el proceso se aplique con efectividad, tal cual fue concebido.
La advertencia no es ociosa y en modo alguno apunta al pesimismo, sino a lo que la experiencia nos ha enseñado, que en el país no basta aprobar buenas legislaciones si luego la burocracia, que todo lo inutiliza, impide su adecuada aplicación.
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Para evitar improvisaciones de última hora que darían pie a quejas, tanto a nivel local como internacional, se impone comenzar a trabajar de inmediato en la búsqueda de recursos y la implementación de la logística para que todo marche sobre ruedas.
Eso significa, entre otras cosas, que la burocracia y la administración del proceso ante las solicitudes de las personas que se acogerán al plan debe ser fluida y eficiente, sin trabas ni retrasos más allá de los plazos razonables.
En este sentido no se puede perder de vista que la ley es tan solo un punto de partida, pero que ahora lo crucial será el seguimiento y aplicación, una etapa que de seguro será minuciosamente monitoreada por la comunidad internacional y los grupos defensores de los derechos humanos.
El personal seleccionado para trabajar en un proceso delicado y novedoso, que no puede exponerse a errores o distorsiones, tiene que contar con el debido entrenamiento, que debe incluir de forma primordial el tratamiento de las solicitudes.
Otro aspecto relevante que amerita rápida atención es el reforzamiento de los controles en la frontera, para impedir una eventual avalancha de inmigrantes estimulados por la creencia de que podrían calificar para el plan.
Es conocida la realidad, que ha persistido durante décadas, que la frontera con Haití es tan solo una línea porosa e imaginaria, fácil de violar y tan frágil como que El Masacre se Pasa a Pie, el gráfico y revelador libro del escritor Freddy Prestol Castillo.
Esto no se debe, obviamente, a la falla de ninguna legislación, sino a una deficiente vigilancia y a los actos de corrupción que permiten el tránsito irregular a través de la línea divisoria, una grave debilidad que si no es corregida impedirá aplicar los debidos controles migratorios.