SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Luego de la presentación del informe que favorece el Parque Nacional Loma Mirada, ahora el proyecto modificado por los senadores inicia a partir del miércoles un nuevo proceso de discusiones en ambas cámaras legislativas en medio de reacciones encontradas de políticos, ambientalistas y sociedad civil.
Llama la atención que sea la Carta Magna el primer texto consultado por los comisionados cuando uno los pronunciamientos hechos señala que de convertirse en ley sería recurrible en inconstitucional.
La Comisión Especial establece “que los daños ambientales inevitables que generaría un proyecto minero sobre las fuentes de agua, las riquezas naturales únicas presentes en Loma Miranda, la enorme riqueza biológica…nunca serían compensables con los recursos que recibiría el Estado a cambio de la explotación minera en dicha loma”.
El proyecto también precisa que para que el Estado cumpla con las obligaciones económicas que resulten de la aplicación de la ley como consecuencia de expropiaciones, declaraciones de utilidad pública o variación del uso y goce de la propiedad sin que pierda la condición de propietario, se autoriza al Ministerio de Medioambiente a incrementar en un diez por ciento el valor a pagar por el otorgamiento de la licencia o permiso ambiental aprobada a cada empresa.
El presidente Danilo Medina expresó que prefiere esperar que el Congreso legisle sin interferencias mientras que Falconbrigde, que se propone explotar los yacimientos de níquel en la zona, asumió la actitud del mandatario mientras analizaba la decisión del Senado.
Mientras tanto, múltiples manifestaciones, principalmente de Monseñor Nouel y La Vega, se producen en el Centro de los Héroes enarbolando consignas a favor y en contra del Parque Nacional Loma Miranda.
Para este miércoles están convocados los senadores. Resta esperar si el proyecto es declarado de urgencia y conocido en dos lecturas con los respectivos debates para luego devolverlo a la Cámara de Diputados donde tendría igual trámite hasta convertirlo en ley, sujeta a observación o promulgación del Poder Ejecutivo.
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