SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Existen precedentes de países del continente que han intentado el retiro de su declaración de reconocimiento de la cláusula facultativa de sometimiento a la competencia contenciosa de la Corte.
La respuesta ha sido un no rotundo, citando como base la Convención Americana, de la cual República Dominicana es signataria.
Un precedente en ese sentido se produjo en Perú en 1999, cuando el Gobierno de entonces y previo a un fallo de la Corte sobre despojo de la nacionalidad a un ciudadano de origen israelí, pretendió desvincularse unilateralmente de ese organismo y no pudo.
Se trató del caso del empresario televisivo, Baruch Ivcher Bronstein, a quien despojaron de la nacionalidad peruana porque difundió un reportaje denunciando actos de corrupción del entonces asesor de inteligencia del Ejército de Perú, Vladimiro Montesinos.
Ante el retiro del reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte por el congreso peruano, la Comisión no sólo lo rechazó sino que señaló que “el acto unilateral de un Estado no puede privar a un tribunal internacional de la competencia que éste ha asumido previamente”.
Además, que “la posibilidad de retirar el sometimiento a la competencia contenciosa de la Corte no está prevista en la Convención Americana, es incompatible con ésta y carece de fundamento jurídico; y en caso de que no fuera así, el retiro requeriría, para producir efectos, de una notificación formulada un año antes de la conclusión de sus efectos, en aras de la seguridad y estabilidad jurídica”.
La directora ejecutiva de Participación Ciudadana fue más lejos cuando resaltó que ya han sido incumplidas cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declaran responsable al Estado dominicano.
Según Rosalía Sosa, contrario a lo que ocurre en República Dominicana con decisiones de la Corte, países como Chile, Costa Rica y Argentina han modificado su comportamiento a través de sus constituciones y leyes.
Se ha hablado también de las consecuencias que pudiera tener para República Dominicana en organismos internacionales y agencias de cooperación que en sus cláusulas piden el respeto a los derechos humanos de los países beneficiados.