SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), pidió este miércoles al Poder Ejecutivo la inmediata cancelación de aquellos funcionarios que se mantienen renuentes a cumplir con el voto de la Ley 311-14 del 8 de agosto del 2014, la cual establece un sistema para la elaboración, recepción y seguimiento de las declaraciones juradas de bienes, atinente a todos los funcionarios públicos, bajo la responsabilidad de la Cámara de Cuentas como órgano rector del referido sistema.
Trajano Potentini, hablando a nombre de la entidad de sociedad civil, deploró la apatía manifiesta y la falta de institucionalidad presente en la República Dominicana, con los temas de fiscalización y transparencia en el manejo de la cosa pública.
Potentini recordó que la nueva ley sustituye a la obsoleta y antigua disposición # 82-79 sobre declaración jurada de bienes, la cual carecía de un sistema de consecuencias, diferentes a la ley actual (311-14) que tiene garras y contempla la destitución de los funcionarios infractores y penas hasta de 10 años de reclusión, lo que sin dudas constituye un avance significativo en la lucha y prevención de la corrupción administrativa.
La FJT significó que la actual ley abarca en su radio de acción a un universo que sobrepasa los dos mil (2,000) funcionarios públicos, esto sumado a las 39 cajas con más 8,000 declaraciones juradas entregadas recientemente por el Tesorero Nacional a la Cámara de Cuentas, documentos que en lo sucesivo también deberán ser actualizados e integrado al nuevo sistema de la ley 311-14.
Asimismo Justicia y Transparencia exigió de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, en la persona de su principal incumbente Licelotte Marte de Barrios, publicar y tramitar sin dilación alguna por ante la Procuraduría General de la República, el listado con los nombres de los funcionarios infractores, quienes luego de haberse vencido el plazo no han cumplido con la ley, con el objeto de que sean procesados penalmente por la falta referida.
El presidente de la FJT Trajano Potentini, quien además ostenta la calidad de representante del mecanismo de reportes independiente (IRM), responsable de evaluar los compromisos del gobierno dominicano en materia de políticas de gobierno abierto, relativas a la transparencia y a la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, por mandato de la iniciativa multilateral denominada como Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), la cual agrupa más de 60 países en la actualidad, destacó que el establecimiento de un sistema sobre declaración patrimonial de los funcionarios públicos, es uno de los requisitos básicos e indispensables para ingresar y permanecer en la alianza como nación abierta a la transparencia y a la gobernanza democrática, garantizando la participación de la sociedad civil en la gestión pública.
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