SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Residentes en diferentes sectores tienen distintos puntos de vistas referentes a la destitución, apresamiento y traslado de miembros de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en Hato Mayor tras denuncia de una mujer que tenía que pagar peaje para vender drogas.
La medida de las autoridades enfrenta a los residentes en los sectores populares.
Las personas que calificaron como válidas la destitución y apresamiento de la dotación de la Dirección Central De Investigaciones Criminales (DICRIM) y la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía (DICAN), además el traslado de miembros de la DNCD en Hato Mayor, exigieron que esas medidas sean tomadas en algunos sectores.
Aseguran que no hay voluntad de combatir realmente el tráfico de drogas, porque entienden que es un negocio muy lucrativo para los integrantes de esas instituciones.
Se recuerda que una mujer residente en Hato Mayor denunció ante las cámaras que les pagaba a los agentes unos 20 mil pesos semanales para que le permitieran operar un punto de drogas en la provincia.
Los residentes en diferentes sectores lamentan que en las llamadas redadas donde supuestamente encuentran drogas solo tenga credibilidad lo que dicen los agentes.