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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El programa de Investigación El Informe con Alicia Ortega, dio a conocer anoche nuevas irregularidades sobre la liquidación de la empresa de Seguros SEGNA, la cual inició en el 2003 y ocho años más tarde aun no ha terminado. El reportaje reveló una lucha sobre quien es ahora el legítimo dueño de unos RD $800,000,000 en certificados de depósitos y cuentas corrientes a nombre de la Superintendencia de Seguros provenientes de la liquidación de SEGNA.
Documentos obtenidos por El Informe muestran que el 19 de enero de este año, el director financiero de la institución, Víctor Guzmán Velásquez, “certificó y dio fe de que los bienes depositados en el Banco de Reservas y el Banco Hipotecario Dominicano, son propiedad de la Superintendencia de Seguros”. Esto a raíz de un embargo que le hicieran a las cuentas de SEGNA en los tribunales.
En esa misma fecha, el BHD dirigió una comunicación a la Superintendencia, indicándole que los certificados de depósito están a nombre de la institución, pero no le dice que son de su propiedad. El mismo 19 de enero, el BHD le envía a la Superintendencia de Bancos más de tres decenas de documentos relacionados a la procedencia de ese dinero, respondiendo así a una petición de la autoridad monetaria. Entre los documentos obtenidos por El Informe, figura carta tras carta de la Superintendencia de Seguros dirigidas al BHD, autorizando la apertura de los certificados financieros, con el código L 01, o sea el código de la empresa en liquidación.
“De ninguna manera puede adueñarse ni es propietaria de esos recursos” dijo Suzy Lora de Nouel, quien fue administradora de la liquidación de SEGNA hasta marzo del año pasado, cuando fue cancelada 10 días después de que El Informe presentara su primera investigación sobre la Superintendencia de Seguros. “Habían aproximadamente RD $800,000,000 a mi salida, tanto en el BHD, como en el Reservas en certificados financieros”. La ex administradora de SEGNA dice que cada certificado “estaba identificado en el código L 01”. Así lo confirman por lo menos cuatro cartas de la Superintendencia de Seguros al BHD autorizando la apertura de certificados con valores de RD $219,500,000, RD $ 42,520,207 y otros dos de RD $15,000,000 cada uno.
Antecedentes
Los documentos enviados a la Dirección General de Persecución a la Corrupción Administrativa desde enero, son el más reciente eslabón en una serie de reportajes sobre irregularidades en la Superintendencia de Seguros. Las investigaciones iniciaron en marzo del año pasado, cuando luego de obtener documentos de la liquidación de SEGNA y entrevistar al superintendente Euclides Gutiérrez Félix, las dudas no se disiparon sobre el destino de los RD$ 800,000,000, que en ese momento, formaban parte de los recursos recuperados, aunque en el 2009 la institución solo pagó un 3% de esa cifra a reclamantes o sea RD $23,000,000.
Precisamente a finales del 2009, el superintendente ordenó la cancelación de un certificado de depósito por un valor de RD $52,000,000 para el adelanto de la compra de un terreno en Gazcue, donde se construiría la nueva sede de la institución.
“El director financiero me dijo que por órdenes superiores había que cancelar varios certificados y que era obligatorio que tratáramos de justificarlo a través de una póliza o una reclamación”, dijo Lora, quien rompió su silencio por primera vez tras su cancelación poco después de que El Informe revelara un documento recibido por ella, en el que se le pedía la cancelación de dichos certificados. El problema es que dicha comunicación tenía fecha del 29 de diciembre y los certificados habían sido cancelados 15 días antes. En el estado de cuentas de los certificados salía un cheque emitido por la Cámara de Compensación de RD$ 44,000,000, precisamente el monto del adelanto para el terreno. Pero el certificado era de RD $52,000,000. “Donde están los 8 millones de pesos”, se pregunta Lora, añadiendo “nunca supe donde estaban”.
Más irregularidades
La ex administradora de SEGNA además denunció que observó diversas irregularidades en el tiempo que estuvo en la superintendencia, como por ejemplo, la falta de pago de los reclamantes de SEGNA, a pesar de existir suficiente dinero en la cuenta de dicha empresa en liquidación.
“Caímos en una depresión tremenda, los cheques caducaban en el despacho, pasaban meses y meses y tú sabes que la ley bancaria establece que son 6 meses para tú poder cobrar un cheque… y lógicamente yo como administradora estaba en una situación difícil, porque los cientos de miles de reclamantes llamaban a diario y yo no podía dar una respuesta”, aseguró Lora de Nouel.
De la misma forma, la ex administradora dijo que aún recuerda un hecho insólito que le ocurrió con archivos de reclamantes de la compañía Latinoamericana de Seguros.
“La data de la computadora de repente no tenía información. Llamo al departamento de informática y cuando se llevaron el equipo y me lo trajeron de nuevo me dijeron que por orden del despacho, toda la data le fue borrada”. Así dice desapareció una lista de unos 150 reclamantes de la Latinoamericana de Seguros.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Una requisa en la cárcel Palo Hincado de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, además de dar con objetos peligrosos y droga, pone en evidencia la forma en que cientos de internos viven en los centros penitenciarios, donde la población redobla la capacidad del recinto.
El Informe tuvo acceso a las celdas donde duermen estos reclusos en condiciones infrahumanas, ya que en espacios destinados a seis personas llegan a convivir más de 30.
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Tras la requisa, cuatro internos de la cárcel de Cotuí fueron trasladados a otros centros penitenciarios como medida de control.
Mientras que la Dirección General de Prisiones, junto a la fiscalía de la provincia Sánchez Ramírez, investiga la posible vinculación de dos militares del referido centro con el tráfico de droga en la prisión.