En la hora de los hornos

Concluido el plazo formal para que los inmigrantes irregulares se acogieran al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), el gobierno y la sociedad dominicana se enfrentan a la hora de los hornos, en la que habrá que decidir si continúa por el rumbo equivocado de la emocionalidad y el patrioterismo o si enfrenta con racionalidad, inteligencia y sabiduría el problema de la masiva y excesiva inmigración haitiana.

Tras el cierre del plazo, el ministro de Interior informó que 288 mil 466 personas  lograron iniciar el difícil proceso de la regularización, que en sus últimas dos semanas se degradó a lo indigno con tráfico y abusos contra pobres e indigentes que acudieron en tropel cuando se anunció que sólo atenderían a nuevos solicitantes y que se otorgarían plazos adicionales para que pudieran reunir los requisitos. En ese total se ha incluido a unos 20-25 mil pendientes de que el gobierno de Haití les provea documentos solicitados.

Después de un año las autoridades se convencieron de que tenían que flexibilizar las exigencias, cuando al comienzo de junio apenas el 1.8 por ciento (4 mil 308) de 239 mil 368 solicitantes habían podido llenar todos los requisitos. Al pasar balance se dieron cuenta que el 93 por ciento (222 mil 73) habían presentado documentos de identidad validados confirmando exactamente la proporción que según la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) 2012 dijo tener documentación.

Eso demuestra, contrario a lo pregonado, que la documentación no ha sido de los mayores obstáculos al PNRE, sino requisitos como constancia de vecinos y de empleo y pruebas  de pagos de salarios que a pocos les han expedido; o contratos de alquiler, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, matrícula de vehículos y facturas de bienes muebles que nunca han tenido. Otra barrera ha sido el costo de certificaciones notarizadas, del transporte en promedio de 10 visitas a las oficinas de registro y del tráfico con los turnos, lo que ha implicado un promedio de 8 mil pesos, que gran proporción no ha podido reunir.

A la hora de los hornos, tras meses anunciándose deportaciones con el entusiasmo del que prepara un festival, habrá que pasar balance para saber cuántos son los que serán devueltos para Haití. No serán el millón que calculan los más entusiastas, pero se logra una aproximación si se acepta el rigor profesional de la ENI realizada por la Oficina Nacional de Estadística, la cual arrojó 524 mil extranjeros, 458 mil 233 nacidos en Haití.

Pero eso era sólo hasta el 2012. Como la misma encuesta establecía que el 38.6 por ciento había llegado entre 2010 y 2012, el flujo crecía casi al 20 por ciento anual. A la mitad de esa tasa, conservadoramente, entre el 2012 y 2015 el total se habría incrementado en 30 por ciento, 137 mil 470 personas, para totalizar ahora 595 mil 703. Los inscritos al PNRE serían el 48 por ciento. Los «deportables», que nadie discute el derecho soberano,  los restantes 307 mil 237, el 52 por ciento del total, una cifra bastante respetable para las capacidades nacionales y con potencial para constituirse en una inmensa crisis humanitaria generadora de disturbios que podrían descarrilar el frágil proceso electoral en que se encuentra la nación vecina. Menos estabilidad en Haití es un círculo vicioso que redunda  en nuevos flujos de inmigrantes para República Dominicana.

El problema luce más complejo que el festival de deportaciones que algunos entusiastas han promovido. Y eso sin incluir los descendientes de los inmigrantes haitianos  nacidos en el país durante cerca de un siglo, que según la misma encuesta serían otros 209 mil 912 personas. Convendría que a estos los dejaran en paz, para no generar apatridia y complicar más la situación a nivel internacional, porque en cuanto a estos sí se discute el derecho soberano a la deportación, sobre todo los que tenían registro de ciudadanía, beneficiados por la ley 169-14, pero a quienes todavía no se les restituye su documentación.

Por demás urge revisar el PNRE para ver si todos sus requisitos son realistas y podrán ser cumplidos en los plazos de hasta dos años que se otorgará a los que iniciaron el proceso, según el acta de la reunión de los cancilleres de RD-Haití del 6 de junio. Si no se regulariza siquiera dos terceras partes de esos inmigrantes, será difícil revocar los excedentes y controlar nuevos flujos.