SAN JUAN, Puerto Rico.- El presupuesto que ha de regir en Puerto Rico a partir del 1 de julio, cuando comience el próximo ejercicio fiscal, quedó este viernes sin aprobarse en la Cámara de Representantes, porque los legisladores siguen negociando enmiendas.
Así, habrá que esperar al menos hasta el lunes 22 de junio para ver aprobado en la Cámara este presupuesto, que incluye una cantidad sin precedentes para el pago de las obligaciones derivadas de la deuda, con un total de 1.500 millones de dólares.
La Comisión de Hacienda de esa cámara siguió recibiendo hoy enmiendas en el ámbito de la salud, la seguridad y las organizaciones sin fines de lucro, lo que hizo imposible que el Pleno de la Cámara viera un proyecto que aún tiene que ser aprobado también por el Senado local.
Teóricamente el jueves 25 de junio es el último día que tiene el Legislativo para aprobar medidas antes de que acabe el periodo de sesiones de este ejercicio fiscal, aunque existen mecanismos que ya se han utilizado en ocasiones anteriores para prolongar el plazo hasta el mismo 30 de junio.
El presupuesto para el año próximo, que rondará los 9.640 millones de dólares, incluye recortes de 675 millones de dólares y una partida de 1.500 millones de dólares para pagar las obligaciones de una deuda que está asfixiando a esta economía, en crisis desde hace casi una década.
La falta de liquidez es tal que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) podría quedarse sin fondos en las próximas semanas, lo que podrá forzar al Gobierno a decretar un cierre gubernamental durante el primer trimestre del próximo ejercicio fiscal.
Una de las consecuencias de esa progresiva falta de fondos es la orden de embargo decretada hoy por un juez federal contra las cuentas del Departamento de Salud de Puerto Rico, después de que esta instancia presentara un cheque sin fondos por 3,6 millones de dólares, seis millones menos de lo que adeudaba.
El embargo decretado por el juez federal Jorge Gelpí -que el Departamento de Salud ya ha anunciando su intención de apelar- asciende a nueve millones de dólares y es para garantizar el pago de los Centros de Salud Primaria 330.
Estos centros se llaman así porque no reciben asignaciones presupuestarias estatales, sino que obtienen sus fondos de la Sección 330 de la Ley de Salud Pública Federal.
Como proveedores de salud, también facturan sus servicios a los planes médicos, incluido el del Gobierno de Puerto Rico.
Existe cierta polémica sobre el gran número de centros sanitarios que coexisten en una isla donde la población tiende a menguar y los recursos públicos escasean.
El Gobierno de Puerto Rico emitió el jueves pasado un pago de 3,67 millones de dólares para sufragar la deuda del primer trimestre de 2015 pendiente con esos centros, pero explicó que no había fondos para cobrarlos.
Según el Departamento de Salud, esa cantidad solo se podrá cobrar a partir del 1 de julio, cuando comience el próximo año fiscal.
El juez ya había ordenado que se saldara la deuda antes del 17 de junio y había amenazado con el embargado de las cuentas del Gobierno si no se pagaba esa cuenta, que según los citados centros en realidad asciende a 9,39 millones de dólares.
«A la luz del flagrante fracaso del Gobierno estatal para cumplir con la orden (…), la corte no tiene otra opción más que emitir una orden de embargo», explicó en su orden.
El Gobierno discrepa sobre la cantidad de la deuda y asegura que solo debe 3,67 millones de dólares, mientras que el juez acusa al Departamento de Salud de haber cometido una «irresponsabilidad gigantesca y una mala práctica» al no presupuestar estos gastos.
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