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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), respalda el cumplimiento inmediato de lo dispuesto por el artículo 81 de la Constitución de la República Dominicana, que ordena que los 178 diputados y diputadas deban ser distribuidos en virtud a la densidad de la población.
En ese sentido la principal organización empresarial llamó a la Junta Central Electoral a mantenerse firme en su decisión de dar fiel cumplimiento al texto constitucional, el cual resaltó, fue el resultado de un acuerdo aprobado por la mayoría de los participantes calificados para votar, correspondientes a los principales partidos políticos durante la reforma constitucional de 2010.
La organización señaló que la Constitución es la norma suprema del Estado y su cumplimiento es obligatorio y de carácter inmediato para todas y todos los dominicanos. Afirmó que si la JCE cede a esta solicitud de los partidos mayoritarios de desobedecer el mandato constitucional crearía un precedente funesto y abriría la puerta para el incumplimiento de cualquier otra norma legal y constitucional durante el proceso electoral lo que pondría en tela de juicio todas sus decisiones.
En ese mismo orden, el CONEP lamentó la pérdida de población que han sufrido algunas provincias, lo que a su juicio es el resultado de la falta de desarrollo económico y de acceso a oportunidades por parte de la población de las mismas, especialmente en los jóvenes, lo que obliga a sus pobladores a mudarse a los centros económicos de mayor dinamismo como Santo Domingo, Santiago y La Altagracia. En este sentido, llamó a los partidos políticos mayoritarios a apoyar iniciativas de desarrollo de las provincias que están perdiendo población por esta razón, como es el caso de la zona fronteriza.
De igual manera, el CONEP reiteró su llamado a la pronta aprobación de Ley de Partidos Políticos y la Ley Electoral. Señalaron que abogan por una pronta promulgación de una Ley de Partidos efectiva, que permita que el sistema democrático nacional se haga más transparente, y señalan que esta debe venir de la mano de una Ley Electoral que garantice mayor transparencia en las donaciones privadas a los partidos, campañas y candidatos, y que logre una reducción en lo costosas que resultan en la actualidad las campañas electorales.
Ambas leyes garantizarán que la toma de decisiones institucionales de los partidos respondan a un proceso transparente, plural y ordenado, en la elección de sus autoridades y candidatos a los distintos procesos electivos, por lo que una sin la otra no cumplirían su cometido, de lo que se desprende que la sola aprobación de la Ley de Partidos políticos no es suficiente.
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10 marzo 2026
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