El lunes de esta semana la Junta Monetaria publicó la Primera Resolución de fecha 2 de julio de este año, mediante la cual aprobó la versión definitiva de la propuesta de modificación del Reglamento sobre Gobierno Corporativo, el cual había sido aprobado originalmente mediante la Segunda Resolución dictada por dicha Junta en fecha 19 de abril de 2007. Con esta modificación la Junta Monetaria fortalece aún más “los principios y los lineamientos mínimos” que sirven de apoyo a las Entidades de Intermediación Financiera para la adopción e implementación de sanas prácticas para un buen Gobierno Corporativo, que no es otra cosa que fortalecer la calidad de los órganos de gobierno y gerencia de estas entidades, las cuales, por el papel que desempeñan en el sistema económico moderno, requieren de una dirección y manejo particularmente cuidadosos para prevenir crisis o manejarlas adecuadamente cuando estas surjan, siempre bajo la regulación y supervisión de la Administración Monetaria y Financiera. Las entidades a las que esos principios y lineamientos se aplican son: los Bancos Múltiples, los Bancos de Ahorro y Crédito, las Corporaciones de Crédito, las Asociaciones de Ahorros y Préstamos y el Banco Nacional de Fomento para la Vivienda y la Producción (BNV).
Aunque esto parezca algo ajeno o incomprensible para las personas que no participan directamente como empleados, funcionarios o directivos de las Entidades de Intermediación Financiera, se trata de una reglamentación que tiene relevancia e interés para una variedad de personas que, directa o indirectamente, están relacionadas con dichas entidades: accionistas –mayoritarios y minoritarios-, clientes, acreedores, el Estado y sus entes reguladores, así como la comunidad en sentido general. Aún en un país como el nuestro en el que, por la pobreza y la informalidad, todavía hay un porcentaje importante de la población fuera del “mundo de la banca”, lo cierto es que progresivamente más y más personas acceden a la denominada “bancarización” a través de múltiples mecanismos, tales como la apertura de sucursales en toda la geografía nacional, el establecimiento de los subagentes bancarios, las nóminas empresariales, los préstamos para adquisición de viviendas de bajo costos, entre otros.
Esto quiere decir que el interés por un buen manejo de las Entidades de Intermediación Financiera no es solo de carácter general, es decir, para evitar crisis que afecten la economía y traigan inflación y devaluación como sucedió con la crisis bancaria de 2003, sino también de carácter particular para todo aquel o aquella que se relaciona con dichas entidades de una manera u otra. Precisamente, para lograr ese buen manejo es que la Junta Monetaria ha fortalecido esos estándares mínimos que estas entidades deben cumplir en materia de gobierno corporativo con el fin de, por ejemplo, garantizar la calificación y competencia de los miembros de los Consejos de Administración, gestionar y dirimir eficazmente los potenciales conflictos de interés, establecer la obligatoriedad por parte de los Consejos de Administración de ejercer la función de control y vigilancia, reconocer los derechos de todas las partes interesadas, transparentar la estructura propietaria y así asegurar la solvencia e idoneidad técnica de los principales accionistas, establecer los sistemas de gestión de riesgos y controles internos para aumentar la calidad de los procesos de toma de decisión y mejorar el flujo de información como elemento clave de esa toma de decisiones, definir un sistema de remuneraciones y compensaciones para directivos, gerencia y el resto de los empleados coherente con las funciones que desempeñan, así como estipular con precisión la responsabilidad y autoridad del Consejo y la Alta Gerencia en la gestión de los negocios de estas entidades.
Podría decirse que la teoría del gobierno corporativo se nutre de los valores, principios y reglas del constitucionalismo liberal-democrático, uno de cuyos ejes fundamentales es el denominado mecanismo de “checks and balances”, freno y contra-peso, el cual sirve no solo para contener los abusos de poder, sino también para producir decisiones mejor informadas y sopesadas, en las que se respete también el derecho de las minorías. Y al igual que en el funcionamiento de un sistema político basado en dicho mecanismo, la teoría del gobierno corporativo aplicada particularmente a las Entidades de Intermediación Financiera procura establecer límites y controles, transparencia y responsabilidad, supervisión y rendición de cuentas, entre otros principios rectores que sirven tanto para la gobernabilidad política democrática como para la gobernabilidad corporativa.
El nuevo Reglamento de Gobierno Corporativo otorga un plazo de noventa días a las Entidades de Intermediación Financiera para que estas se ajusten a las disposiciones del mismo, con la posibilidad de solicitar un prórroga de sesenta días para el cumplimiento de las mismas. Esto significa que con la puesta en vigencia de este Reglamento se inicia una nueva fase de consolidación de lo que se denomina un “sistema de gobernanza” de las instituciones de intermediación financiera con base en las mejores prácticas bancarias, lo que, a su vez, fortalece la capacidad de crecimiento de la economía dominicana y la hace más inmune a posibles crisis financieras de las que todos salimos perjudicados. Pertinente y oportuna, pues, esta decisión de la Junta Monetaria de perfeccionar el Marco de Gobierno Corporativo de las Entidades de Intermediación Financiera de nuestro país.
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