Varias ONG piden a CIDH más protección para niñas embarazadas tras violación

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WASHINGTON, Estados Unidos .- Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) instaron este martes a la CIDH a proteger a las niñas de América Latina que quedan embarazadas tras una violación, al considerar que reciben un trato «cruel, inhumano y degradante» cuando son obligadas a continuar con la gestación.

«Esperamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llame a despenalizar el aborto por violencia sexual, que se despenalice y se implemente esa despenalización. Es decir, que se garantice el acceso real al aborto», pidió Ximena Casas, de Planned Parenthood, la mayor asociación de planificación familiar de EE.UU.

Grupos como Planned Parenthood y el Centro de Derechos Reproductivos adelantaron este martes en una rueda de prensa las peticiones que formularon a última hora ante la CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que celebra esta semana en Washington su periodo de audiencias públicas.

Durante la audiencia, la comisionada Tracy Robison recordó la postura de la CIDH de abogar por el acceso al aborto terapéutico, es decir, la interrupción del embarazo cuando corre peligro la vida de la mujer.

«Las mujeres enfrentan una serie de actos violentos por estar embarazadas. (…) Debemos considerar no solo el derecho a la vida sino el derecho a tener una vida digna», afirmó Robinson.

La comisionada consideró por tanto «urgente que Estados de la región aborden derechos de las mujeres embarazadas».

Las organizaciones pidieron que la CIDH contribuya a generar un «estándar internacional» para que los países que permiten la interrupción del embarazo cuando hay peligro para la salud de la madre entiendan que la salud no es solo física, sino también mental, según dijo Ximena Casas en el encuentro con la prensa.

«No sé que me está pasando, pero quisiera morirme, mi corazón ya no está como antes», aseguró, según Casas, una niña indígena de 14 años de Guatemala, violada por su medio hermano y que, como el resto de menores embarazadas tras una violación, sufre síntomas depresivos en mayor proporción que las mujeres adultas.

Según un nuevo informe de Planned Parenthood, dado a conocer hoy, hasta el 90 % de los embarazos de menores de 14 años son producto de una violación y el país de América del Sur con mayores denuncias por violencia sexual es Perú, donde 90 de cada 100 embarazos de niñas menores de 15 años se debieron a incesto.

En Nicaragua, el 49 % de las menores denunciaron que sufrieron abusos sexuales por primera vez con menos de 15 años, mientras que en Ecuador el embarazo en menores de 14 años se ha incrementado en un 74 %, según el mismo estudio, basado en la experiencia de menores de Ecuador, Perú, Nicaragua y Guatemala.

La segunda tasa más alta de embarazos en adolescentes en el mundo se registra en América Latina y el Caribe, donde las menores pobres tienen entre tres y cinco veces más probabilidades de quedar embarazadas que las ricas y, con ello, son víctimas de la perpetuación del círculo de pobreza.

«La normativa sobre aborto en América Latina es una de las más restrictivas y lleva a abortos clandestinos y peligroso», denunció el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, que identificó una tendencia errática en los derechos reproductivos de las mujeres de América Latina.

«Las principales fuerzas retrógradas son las iglesias católica y evangélica. Son las iglesias los principales enemigos del progreso, de un ajuste, de unas reformas que permitan respetar en términos más dignos los derechos de las mujeres. Porque de lo que estamos hablando aquí es de dignidad», añadió Vivanco.

Casos como el de una niña paraguaya de 11 años violada por su padrastro suscitaron, en los últimos meses, la indignación de organizaciones defensoras de los derechos de la mujer,que consideraron injusto el trato del Estado de Paraguay, que no permitió a la menor abortar al considerar que había suficientes garantías para su vida.

En junio pasado, la Comisión concedió medidas cautelares a la niña, conocida con el nombre ficticio de Mainumby y que dio a luz en agosto, pero el Estado se negó a cumplirlas, amparándose en la ley que castiga con cinco años de cárcel el aborto y solo lo permite cuando la madre corre riesgo de perder la vida.

«Creo que si la CIDH hubiera tenido una comprensión más amplia del derecho a la salud, podría haber jugado un papel más proactivo para proteger a la menor», consideró Casas, que cree que la Comisión puede y debe hacer más por las niñas que quedan embarazadas por una violación.