La crisis en desarrollo con el destino final de los desechos sólidos del gran Santo Domingo, hay que afrontarla con prudencia y pragmatismo, no vaya a ser que creyendo que el sapo quiere ser arrojado al fuego, se lance al agua, se hace evidente que la empresa que maneja el vertedero de Duquesa juega a victimizarse provocando respuestas extremas con el objeto de sustentar una demanda internacional.
Se puede entender que la tarifa de 2.5 dólares por tonelada de basura no sea rentable para hacer la fosa, colocar tubos de respiración para evitar el cúmulo explosivo del gas metano y tapar los desechos con caliche, pero pretender que de golpe y porrazo se lleve a 8.5 es exponer a los cabildos a un colapso financiero.
Santo Domingo Oeste que actualmente paga 500 mil pesos pasaría a tener que buscar 4 millones 500; el Distrito Nacional se iría de 7 millones a casi 17; Santo Domingo Este de 3 millones a 10 millones 900 mil; Los Alcarrizos de 160 mil pesos a 1 millón 750 mil, así por el estilo.
Es verdad, que, aun así, ahí no está el gran costo de la recogida y transporte de la basura, porque todos esos ayuntamientos invierten una millonada antes de llegar al pesaje de Duquesa, por ejemplo, Santo Domingo Este que recauda apenas 4 millones de pesos por concepto del pago de los munícipes invierte casi 60 millones en pagos a las compañías que la recogen.
Entonces el problema va más allá de una crisis coyuntural entre los operadores de Duquesa y los cabidos del gran Santo Domingo, es que hay que crear una nueva conciencia entre los ciudadanos sobre lo que representa el manejo de los desechos sólidos, que resulta más costoso que el precio de los alimentos que generan esos desperdicios, pero no se paga.
Apenas un 30% de los pobladores de la conurbación hace un aporte, el 70% no pone nada, pero cada día está más empoderado de reclamos, y no es una cultura que se pueda cambiar de la noche a la mañana, pero hay que hacerla avanzar.
El servicio de pago de la recogida de la basura hay que hermanarlo con otro, cuyo consumo sea elemental, bien pudiera ser el del agua que también anda muy precarizado, porque es un derecho fundamental, solo que potabilizarla y dirigirla en tuberías adecuadas a los hogares tiene un costo elevado, pero es un suministro que se puede suspender por falta de pagos, no así el de la basura porque arrastra consecuencias letales.
Los regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte han empoderado a su alcalde para que intervenga el vertedero de Duquesa amparado en los incumplimientos al contrato en los que habría incurrido Lajun, pero eso podría arrastrar consecuencias jurídicas perjudiciales para el Estado dominicano.
Lo prudente es que se recurra ante un tercero imparcial y se expongan los incumplimientos para que cualquier decisión emane de la justicia.
En lo inmediato el gobierno central no debe permanecer ante esta crisis como quien ve llover, tiene que convertirse en una instancia de mediación que propicie un reajuste razonable de la tarifa del manejo final de la basura y un compromiso para producir las normas que permitan que se desarrolle una mayor responsabilidad de los ciudadanos frente al pago de ese servicio.
Por demás está pendiente la tarea de convertir la basura en una nueva fuente de generación de riquezas
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