Odebrecht y la credibilidad de la clase política nacional

En medio de la euforia mediática provocada por las detenciones en el caso de los sobornos de Odebrecht, un episodio previsible como el que se anuncia en los avances de las películas, lo verdaderamente trascendente es el trasfondo y lo que puede derivarse del mismo para el fortalecimiento de la justicia, la institucionalidad  y la transparencia en el país.

Fuera de los cuestionamientos y dudas nada sorprendentes sobre quienes podrían haber quedado fuera de la lista de sobornados y si hubo inclusiones selectivas, lo relevante es que hay en marcha un proceso que cuestiona y que puede llegar a dar al traste con la credibilidad de una gran parte de la clase política nacional.

Si después de ventilarse en los tribunales observando el debido proceso y el derecho de defensa de los imputados, la procuraduría puede sostener con pruebas los expedientes acusatorios, habrá quedado al descubierto de forma ostensible toda una urdimbre de prevaricación y enriquecimiento en base a recursos provenientes del patrimonio público.

¿Se habrán dado cuenta políticos, legisladores, empresarios y las esferas de poder que con la fuerza social que ha tomado el movimiento que procura cese de la corrupción y la impunidad ya es virtualmente imposible lograr que este reclamo pueda diluirse o apagarse como ha ocurrido en el pasado con otros casos?

Hay que dejar que la justicia actúe con entera libertad e independencia, sin presiones indebidas, pero tampoco desconectada del sentimiento nacional, porque lo que está en juego es algo tan vital como la necesidad de que este país se encarrile definitivamente por nuevos senderos de adecentamiento en el ejercicio público.

Sin un régimen de consecuencias que actúe con drasticidad frente a la falta de fiscalización y de rendición de cuentas que permite el desfalco de fondos públicos, qué país le estaremos legando a nuestros hijos y nuestros nietos. Esa es la gran interrogante y el reto que afrontamos ahora en aras de las instituciones y del interés general si queremos vivir bajo el imperio de la ley.