Parlamento venezolano pide a fiscal intervenir ante "persecución" a alcaldes

«Solicitar a la fiscal general de la república que intervenga en esos procesos judiciales y garantice el respeto a los derechos y garantías constitucionales, así como a los tratados, convenios y acuerdos internacionales conforme a las atribuciones que le confiere (…) la Constitución», rezó el acuerdo aprobado.

El texto, respaldado por la mayoría opositora y en ausencia de la bancada chavista, fue presentado ante la plenaria de la Cámara por la diputada Manuela Bolívar, quien basó su propuesta en «detenciones arbitrarias», «aparatos paralelos» a las alcaldías creados por el Gobierno, y la limitación presupuestaria, entre otras.

«En materia de detenciones tenemos tres alcaldes detenidos (…), tenemos (tres) destituciones (…), también hablamos de alcaldes en el exilio», detalló la diputada, quien, además, aseguró que hay «investigaciones arbitrarias» contra otros tantos burgomaestres.

En ese sentido, señaló que 30 de los 80 alcaldes opositores venezolanos tienen abierta al menos «una medida» en algún tribunal.

El Parlamento expresó su solidaridad con las autoridades locales «a los que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le ha dictado mandamientos cautelares de amparo constitucional bajo la amenaza de condenarlos por desacato con el objeto de separarlos de sus cargos de elección popular».

Sobre esto instó al Ministerio Público a «iniciar las averiguaciones correspondientes a los fines de establecer la responsabilidad penal personal de los magistrados» de esa Sala.

Los parlamentarios, además, pidieron al defensor del Pueblo, Tarek William Saab, que «intervenga en esos procesos judiciales a fin de velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos», y exhortaron al Ejecutivo a cumplir «las decisiones adoptadas por los organismos internacionales de protección de derechos humanos».

El TSJ ha ordenado a 14 alcaldes opositores venezolanos y al gobernador del estado Miranda (centro), Henrique Capriles, realizar las «acciones» necesarias para evitar el bloqueo de las vías en medio de las protestas que se registran en el país, y ha advertido de que su incumplimiento podría derivar en penas de prisión.