Exfiscal mexicana defiende el uso legal de programas de espionaje

Gómez, ahora secretaria de la Función Pública (contralora), apuntó que la PGR, al igual que cualquier fiscalía del mundo, cuenta con «sistemas y herramientas de inteligencia que se deben usar siempre dentro del marco jurídico».

Durante una reunión de contralores en San Luis Potosí, centro del país, Gómez señaló que bajo su cargo como titular de la PGR, entre febrero de 2015 y octubre de 2016, el uso de estos programas se hizo siempre conforme a derecho.

«Durante mi mandato siempre fueron apegadas dentro del marco jurídico, lo que la ley nos da para poder combatir a la delincuencia organizada», dijo Gómez.

La prensa mexicana divulgó el miércoles que la PGR compró el programa malicioso «Pegasus» cuando su titular era Jesús Murillo Karam (diciembre de 2012 a febrero de 2015) y el mismo fue usado bajo el mandato de Muñoz.

El diario estadounidense The New York Times divulgó el 19 de junio que periodistas, defensores de derechos humanos y activistas fueron espiados a través de sus teléfonos móviles con dicho programa informático, vendido exclusivamente a Gobiernos.

Según la información, recibieron mensajes de este tipo activistas del Centro Prodh, como su director Mario Patrón, su subdirector Santiago Aguirre y su coordinadora del área internacional, Stephanie Brewer.

También los periodistas Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui y su hijo Emilio, además de Salvador Camarena y Daniel Lizárraga, de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Este jueves, el Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, confirmó que tres integrantes del conservador Partido Acción Nacional (PAN) recibieron mensajes de texto para que su teléfono fuera infectado con «Pegasus».

Un grupo de organizaciones de derechos humanos pidió hoy en un comunicado que, de comprobarse que la PGR compró programas como el señalado, se aclaren los procesos y las formas en que fue utilizado.

Además, estimaron relevante impulsar la intervención de un panel de expertos respaldados por instituciones internacionales de derechos humanos, para garantizar la independencia de la investigación que realiza la PGR.