Martinelli denunciará a embajador panameño en Washington por abuso autoridad

Los abogados de Martinelli anunciaron que presentarán «formal querella» contra el embajador Emanuel González-Revilla por incurrir en abuso de autoridad y usurpación de funciones al incorporar a la solicitud de extradición del exmandatario documentación que no incluyó originalmente la Corte Suprema de Justicia (CSJ) panameña.

La Corte es la única que puede pedir a Martinelli por su condición de parlamentario centroamericano, recordaron.

La defensa del exgobernante indicó en una rueda de prensa en ciudad de Panamá que la Embajada panameña envió a las autoridades de Estados Unidos una declaración de Ismael Pittí, un exfuncionario del Consejo Nacional de Seguridad (CNS) de Panamá, «que no fue practicada ni remitida ni conocida» por el magistrado fiscal y el juez de garantías que llevan el caso en Panamá.

Versiones de prensa local indican que Pittí declaró ante la sede diplomática en Washington que agentes de seguridad panameños espiaron a ciudadanos de Estados Unidos en Panamá supuestamente por órdenes de Martinelli, dentro del programa de escuchas por el que la Corte investiga al expresidente.

Carlos Carrillo, del equipo de defensa del exgobernante, indicó que ya comunicaron a la vicepresidente y canciller de Panamá, Isabel De Saint Malo, la «gravedad» de esta «ilícita situación» y le han solicitado que, previa investigación, anule la remisión de dicha documentación y se certifique que no fue enviada por una autoridad competente.

Carrillo añadió que paralelamente se le solicitó a la Cancillería de Panamá que comunicara al Departamento de Estado que el documento con la declaración incorporada «unilateralmente por una autoridad administrativa era nula y que no se tomara en cuenta».

Alma Cortés, quien lidera el equipo de abogados y es presidenta encargada del opositor partido Cambio Democrático (CD) de Martinelli, aclaró que el expresidente no está encarcelado en Miami por ningún delito, sino que su detención es por no comparecer al proceso que se le sigue en Panamá por las supuestas escuchas en su Gobierno y por el cual no ha sido imputado.

Martinelli, según afirmó Cortés, «es objeto en este momento de una patraña política utilizando los conductos diplomáticos y los conductos judiciales», ya que en Panamá, señaló, «no existe ninguna ley que ordene la detención por la no comparecencia a un proceso o para una diligencia judicial».

La defensa de Martinelli no quiso comentar ni adelantar las acciones que seguirán los abogados del exmandatario en Miami, donde se ha fijado la fecha del 25 de julio próximo para la audiencia de extradición.

Martinelli, diputado del Parlamento Centroamericano, está radicado en Miami desde 2015, ha solicitado asilo político alegando que sufre una persecución de parte del actual mandatario panameño, Juan Carlos Varela, que fue su vicepresidente, y fue detenido el pasado 12 de junio con fines de extradición.

Sus abogados se han centrado en invalidar con argumentos legales la solicitud panameña, aunque sin olvidar por ello reclamar la libertad bajo fianza del exmandatario, mencionando las circunstancias especiales que concurren en el caso.

Sin embargo, los fiscales, que representan al Estado panameño, argumentan que debe permanecer preso pues existe riesgo de fuga.

La Corte Suprema de Panamá lo quiere imputar por la supuesta intervención de comunicaciones de más de 150 personas, entre opositores y periodistas, y por peculado.