Este país del amagar y no dar

Por Juan Bolívar Díaz

Si revisamos los periódicos de estos dos tercios del 2017, podemos comprobar que damos vueltas sobre los mismos debates, predominando el escándalo Odebrecht, las plantas de carbón, la disposición de la basura del gran Santo Domingo y el chantaje de la empresa Lujan, el proyecto de ley de partidos y el tráfico de terrenos estatales, que incluyó la venta de todo un barrio y la trágica muerte de tres personas en San Pedro de Macorís.

Pesan también viejos problemas a los cuales damos vuelta y vueltas sin que logremos soluciones efectivas, como por ejemplo el combate a la delincuencia y la inseguridad ciudadana, las pensiones de miles de ancianos que cotizaron para un seguro social devenido en una burla inhumana y el grave problema de la inmigración haitiana.

Hace un mes se vencieron por segunda vez las autorizaciones provisionales del 97% de  250 mil 241 extranjeros que solicitaron su registro de inmigrantes, y el Consejo Nacional de Migración dio plazo de un mes para que la Dirección de Migración presentara un nuevo protocolo para ver si se puede salvar ese esfuerzo, ajustando los requisitos, tan exagerados como si no quisiéramos la regularización. El plazo venció hace cuatro días.

Pero el último grito en materia migratoria es la gravosa cantidad de mujeres haitianas que están pariendo en el país, con denuncias indicativas de un incremento del viejo tráfico de personas por la frontera que tantas fortunas ha incubado durante décadas. Ya no se trata de la asistencia hospitalaria a que estamos obligados con las haitianas que residen y trabajan en el país, con costo cargado al Estado, cuando debían pagarlo los empleadores. Tampoco el comprensible paso de residentes en la zona fronteriza, que del lado haitiano carece de facilidades hospitalarias. Ahí hay una cuota humanitaria.

Es que el incremento de parturientas es tan alto, que da fundamento a las denuncias de que está en operación un tráfico organizado, hasta con autobuses y que se extiende por Santiago, La Vega y el gran Santo Domingo. Funcionarios, dirigentes políticos, comentaristas y hasta autoridades religiosas demandan el cese de ese tráfico, pero ponen el acento en las mujeres que se acogen a mejores condiciones sanitarias, en vez de enfocarse en el fin de ese tráfico y en sancionar a los responsables.

Si algo está claro en el problema inmigratorio es que mantenemos una actitud dual, cargada de hipocresía, pues mientras aumentan las denuncias y estigmatizaciones, se incrementa la propensión a emplear una mano de obra barata e incondicional por abundante y carente de regulaciones. Ya no sólo en el 80 por ciento de las labores agrícolas y de la construcción, sino cada vez más en la industria turística y el trabajo doméstico.

Pero no vaya a creerse que el tráfico sólo beneficia a los coyotes fronterizos de ambos lados. Es que los agentes consulares, militares y policiales protegidos por autoridades civiles, sacan también grandes beneficios. Ya en marzo del 2007, en este mismo espacio y bajo el título «Incoherente política inmigratoria» denunciamos que el sistema consular era responsable de la llegada al país de decenas de miles de haitianos.

Recogimos denuncias de la Dirección Nacional de Investigaciones que daban cuenta de consulados clandestinos, de venta de «visas de cortesía» y hasta del uso de ciudadanos haitianos como buscones para gestionar visas en el consulado de Juana Méndez, uno de los cinco que mantenemos en Haití como fuente de rápido enriquecimiento de activistas y familiares de políticos. Que en 14 meses habían expedido  67 mil 696 visas, a un promedio de 100 dólares y que el 43% se habían quedado en el país. Dejamos constancia de que a finales de los 90 el embajador Silvio Herasme Peña había tenido el coraje de suspender dos vicecónsules por ese tráfico de visados.

Diez años después el negocio ha crecido. La última estadística que se baraja en fuentes informadas es que rondamos las 100 mil visas anuales en Haití, que en el 2015 llegaron a 90 mil y que ahora se cobra 200 dólares por cada una.

Alguna autoridad debería explicar si miles de parturientas entran por los montes fronterizos y llegan hasta Santo Domingo. Si vienen en autobuses, seguramente que han recibido visas. Que alguien se anime a aclarar este escándalo y dejemos de «amagar y no dar, un pellizquito y mandarse a huir».-