La corrupción y el despilfarro atrapan al gobierno y al país

Aunque el ministro de Hacienda lo estimara exagerado, el informe de Oxfam Internacional de que el gobierno malgasta este año más de 90 mil millones de pesos en corrupción, clientelismo y dispendio fue recibido con preocupación y renueva la necesidad de dar vigencia al pacto fiscal que dispone la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo.

El informe reactiva la preocupación por la sostenibilidad económica del país, sobre todo a la luz del proyecto de presupuesto para el 2018 que replica un enorme déficit fiscal  cubierto con endeudamiento que en el último año crece a ritmo de 12 millones de dólares por día, equivalentes a 571 millones de pesos.

Contradictorio  crecimiento

En la introducción del estudio «Se buscan recursos para garantizar derechos», Raúl del Río de Blas, director para RD de Oxfam, una prestigiosa institución que opera en más de 90 países, comienza por resaltar que a pesar del sostenido crecimiento económico de los últimos 30 años, el país no ha podido reducir significativamente los nieles de pobreza y desigualdad que afectan a una amplia mayoría de la población.

De ahí que desarrollaran un amplio proceso de investigación y análisis del gasto público y de determinadas partidas del presupuesto nacional, determinando que «existe un amplio espacio de reorientación presupuestaria para garantizar derechos, si existiese la voluntad política de combatir males endémicos para la gobernabilidad democrática, como son la corrupción, el uso clientelar de la nómina pública o la duplicidad de funciones de entidades gubernamentales».

Entre sus objetivos señala elevar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público, ante el pendiente Pacto Fiscal dispuesto por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, del 2012, llamando a restablecer la confianza de la población y su actitud para contribuir fiscalmente. RD ocupa el tercer lugar en la región en la escala de justificación de la evasión de impuestos, y el segundo que menos recauda, 13.1% del PIB en 2016.

La debilidad de las instituciones del Estado y la desconfianza en la clase política son señaladas como obstáculos para el pacto fiscal que debió estar en vigencia desde el 2016, y que sigue relegado por el gobierno, aunque  la conclusión esta semana del pacto eléctrico, arduamente negociado durante  casi tres años, concentrará la atención en el fiscal. El tercero, el pacto por la educación, está en vigencia hace dos años.

Costo de la malversación

El estudio analiza cinco renglones para establecer lo que se podría ahorrar el Estado dominicano con políticas de eficiencia, honradez y racionalidad: la nómina púbica, la corrupción, entidades que sobran, gasto clientelar y otros, donde se incluye el subsidio eléctrico. Para el año en curso el dispendio en esos renglones es cuantificado en 90 mil 920 millones de pesos, que subirían a 96 mil 872 en el 2018 y alcanzarían a 117 mil en el 2020.

El renglón de mayor malversación es el de las botellas, o uso político de la nómina pública, estimada para este año en 39 mil 250 millones de pesos, 1.1% del PIB. Resalta que RD es el sexto país de AL y el Caribe en mayor proporción de empleados públicos por habitante, con 58 mil 313 por cada millón, aunque el promedio regional de 48 mil 351, y que es 28% mayor en relación con los países centroamericanos.  Señala que la Presidencia de la República tiene más empleos que 9 ministerios juntos, con incremento del 62% del 2016 al 17, que el Despacho de la Primera Dama suma tantos empleos como los ministerios de la Mujer y de Administración Pública juntos, y que el Inespre, con casi 2 mil empleados, tiene más personal que los sumados por cuatro ministerios.

La corrupción es estimada sólo en 0.7 por ciento del PIB, montando 26 mil 292 millones de pesos. Ese estimado es conservador, ya que el mismo informe indica que el Fondo Monetario Internacional la estima a nivel mundial en promedio del 2% del PIB, y la RD figura entre los países de mayor corrupción en los índices del Foro Económico Mundial y de Transparencia Internacional.

Por la duplicidad de funciones u organismos que sobran, la malversación alcanzaría este año 12  mil 821 millones de pesos. Se agregan otros 5 mil 123 millones de pesos en gasto «potencialmente clientelar», y 7 mil 434 en otros, como el subsidio eléctrico. Señala una serie de entidades que sobran y concluye en que su eliminación podría ahorrar 31 mil millones de pesos por año.

Déficit y endeudamiento

El informe de Oxfam, elaborado por los economistas Rafael  Jóvine y Rosa Cañete, llegó en una coyuntura apropiada al estar pendiente la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos para el próximo año, bastante relegado en el debate público por los escándalos de corrupción y la distracción del proyecto de ley de partidos. Esta semana los dos mayores partidos de oposición, el Revolucionario Moderno y el Reformista Social Cristiano, insistieron por separado en denunciar la pieza como ratificadora del rumbo fiscal insostenible.

Para el PRM el gobierno prosigue el modelo aplicado desde el 2008, de presupuesto deficitario, altamente clientelar, mala distribución, centrado en el gasto corriente en detrimento del capital, sin variación proporcional en lo institucional, bajo nivel en los servicios sociales, sobreestimación de los ingresos y aumento en el financiamiento bruto,

El PRSC puso acento en el carácter altamente deficitario del proyecto de presupuesto, el cual conllevaría un déficit de 4 mil 265 millones de dólares, sosteniendo que requerirá un financiamiento real de 9 mil 419 millones de dólares en el 2018.

Por su parte el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Pedro Brache, rescató la preocupación del sector por los déficits  y el galopante  endeudamiento, señalando que este «se está tornando en algo que debemos ponerle atención».

La deuda pública se incrementó en el 2016 en 3,459.7 millones de dólares, según el registro oficial, lo que implicaba 288.3 millones por mes y 9.61 millones de dólares diarios. Pero de abril del 2016 a igual mes del 2017 el crecimiento se elevó a 4 mil 326 millones de dólares. Eso significa 12 millones de dólares cada día, equivalentes a 571 millones de pesos. La deuda consolidada del Estado alcanza ya el 50% del PIB, lo que ha generado reiteradas advertencias, incluyendo las del FMI.

El difícil proyecto de Faride

La joven diputada del PRM Faride Raful se montó sobre la ola de preocupaciones por el dispendio y la sostenibilidad fiscal cuando esta semana sometió al Congreso un proyecto de ley «de reorganización de la administración pública» que pretende disolver 57 instituciones, comisiones u organismos públicos considerados inoperantes o redundantes, lo que ahorraría unos 15 mil 700 millones de pesos anuales. Aunque ella misma adujo que han sido identificados más de un centenar que deberían ser disueltos.

Los más significativos de esos organismos, aparecen señalados también en el informe de Oxfam y han sido objeto de cuestionamientos durante años. Son expresiones concretas del reparto clientelar y rentista en que se ha fundado el partidarismo político. El proyecto de la abogada Raful es más que nada un llamado de atención, pues ella misma debe ser consciente de que la mayoría oficialista del Congreso no aprobaría ni la décima parte de su  propuesta.

El aferramiento a ese reparto es lo que determina que el gobierno no haya querido convocar al pacto fiscal, consciente de que sectores políticos y la mayoría de las instituciones sociales, llamadas a ser parte de la concertación, comenzarían por reclamar la disolución de las agencias de repartición, como paso preliminar para hablar de las mayores cargas fiscales que requiere el desarrollo nacional. Fue lo que ocurrió en el 2012 al comienzo del gobierno de Danilo Medina, que rápidamente revocó el propósito.

La evasión del mandato legal del pacto fiscal se ha convertido en una trampa para el gobierno, necesitado de mayores recursos, que los intenta mejorando la gestión recaudatoria, obviamente insuficiente. La salida ha sido el incremento del déficit fiscal financiado con endeudamiento progresivo que atrapa también al país y cuestiona la sostenibilidad fiscal. El informe de Oxfam es otra campanada, pero pocos creen que será tomado en cuenta.