SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Un grupo de ciudadanos realizó una manifestación en el parque Duarte de la Zona Colonial, exigiendo que el Poder Ejecutivo envíe el proyecto de ley de igualdad y no discriminación que tiene en sus manos desde el 2017.
En medio de la rueda de prensa que fue realizada con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, se presentó el director de espacio público del ayuntamiento del Distrito, asegurando que los manifestantes no contaban con permiso para dicha actividad.
Más de 30 policías fueron apostados en el lugar para evitar que se produjeran incidentes con grupos adversos a las causas que defienden.
Documento íntegro:
Artistas, religiosos, miembros de movimientos sociales y otros ciudadanas y ciudadanos preocupados por la discriminación firmaron un comunicado en el que se explica que el racismo, relacionado con las diferencias de clase y de género en una sociedad profundamente desigual, está presente en el acceso a derechos como el trabajo, y en las interacciones sociales en la vida cotidiana del país.
“A muchos dominicanos y dominicanas de piel negra se les ha negado, por décadas, el derecho a una imagen que exprese abiertamente sus raíces africanas, con la prohibición, por ejemplo, del uso del pelo crespo en espacios de trabajo y en la vida social.
En los casos más graves, ha habido discriminación en procesos de selección de personal contra personas negras. Muchos jóvenes son acosados por la policía o discriminados en actividades, por el solo hecho de que su color de piel indica una supuesta peligrosidad. Esta discriminación es particularmente perversa en la medida en la que en ella participan personas que también son afrodescendientes”, enfatizan los organizadores del acto.
Los participantes en el evento cívico llamaron al Estado a tomar las siguientes medidas para enfrentar el racismo:
1. Ofrecer garantías plenas para que en República Dominicana se puedan ejercer los derechos y libertades civiles y políticas, sin temor a la violencia policial ni de grupos fanáticos organizados. Así mismo, que no quede nunca más impune un crimen de odio cometido en nuestro país.
2. Que el Poder Ejecutivo someta al Congreso Nacional, sin demora y en la actual legislatura, el proyecto de Ley General de Igualdad y No Discriminación, la cual debe prohibir toda forma de discriminación de género, sexual, nacional, cultural, por creencias, por discapacidad y de índole racista; y establecer sanciones ejemplares contra toda forma de incitación y crímenes de odio.
3. Firma y ratificación urgente por parte del Estado Dominicano de la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, así como de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia, ambas creadas en 2013.
4. Establecimiento en el currículum educativo de acciones formativas para la superación de toda forma de Discriminación y Racismo. Asimismo, políticas culturales de genuina inclusión, igualdad de todas las formas culturales y tradiciones del país. Reconocimiento por parte del Estado del genocidio contra nuestros pueblos originarios y contra la esclavitud africana.
5. Políticas de institucionalización y organización migratoria, así como de organización y desarrollo en las fronteras que, en base a los Derechos Humanos y a las obligaciones del Estado, impidan la creación de conflictos migratorios, comerciales y diplomáticos con otras naciones, especialmente con la República de Haití. Asimismo, cese de toda forma de violación de las leyes y normas migratorias, especialmente en materia de deportación arbitraria e ilegal de todo extranjero sin importar su nacionalidad.
6. Establecer un pacto social con participación de los medios de comunicación y los partidos políticos, mediado por actores ampliamente legitimados, para la no difusión de discursos de odio y de discriminación de ningún tipo.
7. Resolución de la Junta Central Electoral que sancione a todo partido y/o candidatura política que promueva discursos de odio, discriminación y racismo.
8. Revocación de las Sentencias TC/168/13 y TC/0256/14 del Tribunal Constitucional de República Dominicana, porque son sentencias racistas violatorias de la Constitución y del Estado de Derecho, del Derecho Internacional y de los pactos internacionales que obligan al Estado Dominicano.