Hacer periodismo de investigación serio y responsable en busca de la verdad y para la debida edificación del público es una tarea que no comprenden personas de mentalidad criminal que formulan amenazas de muerte y no dudamos que sean capaces de llegar a vías de hecho para consumarlas.
Este es uno de los peligros a que se expone el periodismo comprometido con la información amplia, veraz y objetiva, sin una orientación inducida y predeterminada.
En consonancia con la política editorial e informativa del Grupo SIN, esa es la línea seguida en los trabajos que hemos hecho sobre el caso del periodista José Silvestre de La Romana, a casi siete años de su asesinato.
Hasta ahora ha sido una cobertura noticiosa un tanto complicada y en alguna medida fuera de lo común por las medidas de seguridad extremas, que incluyen el bloqueo del paso a extraños y la utilización de militares armados, mientras que el proceso ya cuenta con 18 testigos que han desfilado por el estrado en San Pedro de Macorís donde se celebra el juicio de fondo del supuesto autor intelectual, que fue extraditado desde Colombia.
Tras la presentación de nuestro reportaje el lunes pasado, nos llegaron informaciones fidedignas de amenazas contra mi persona, amenazas que se habrían hecho en la Victoria donde permanece recluido el acusado Matías Avelino Castro, que para el país, estaba preso en San Pedro. Resulta que está detenido en el Pabellón conocido como Alaska, lugar que cuenta con ciertos lujos que en el pasado han incluido desde gimnasio y mesas de villar hasta aires acondicionados.
Nos informan que la noche del pasado lunes, un grupo de internos vio El Informe, reunido en la habitación del imputado. Uno de los presentes, cuyo nombre haremos llegar a las autoridades, dijo textualmente “Si lo condenan, Alicia va a saber quiénes somos, le vamos a dar”
Primero, queremos establecer que de nosotros, que sencillamente somos periodistas, no depende una condena, sino de los jueces que llevan el proceso. Segundo, hacemos pública esta denuncia, no por temor, sino para que las autoridades estén enteradas, específicamente la Procuraduría General de la República, para que tome nota de dicha denuncia y juegue su papel en este recinto del viejo modelo carcelario que permite a los reclusos mantener estrechos lazos con el mundo exterior. Advertimos sobre la gravedad de esto, que en la cárcel se pueda planificar una amenaza a personas que lo único que hacemos es periodismo y que jamás hemos tenido ningún vínculo con la actividad criminal.
Al mismo tiempo recordamos que han muerto tres testigos de este caso, uno en un accidente, y dos en extrañas circunstancias, además del desistimiento de la familia del comunicador asesinado, dejando al Estado como único acusador. Que la justicia haga su papel y que quede bien claro que nunca renunciaré al periodismo serio que se pretende acallar.
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