De conflictos e intereses

Independientemente de que la solicitud efectuada por  legisladores del principal partido de oposición de designación de una comisión especial de la Cámara de Diputados para investigar las contrataciones del Estado con el publicista brasileño Joao Santana, su esposa y sus empresas, haya sido rechazada por la mayoría congresual del partido oficial; el tema no se podrá silenciar en el debate público y probablemente la falta de investigación será más perjudicial para quienes la objetan, pues dará pie a todo tipo de conjeturas y cada quien tildará de mentiras o aceptará como verdades, las versiones del lado con que se identifique.

Y es que no se trata de cualquier persona, se trata del experto en comunicaciones que asesoró al candidato hoy presidente, figura clave de su victoria y quien salió junto a su esposa precisamente de este país para presentarse ante la justicia de Brasil, la cual lo condenó por lavado de activos y quien admitió haber recibido pagos de ODEBRECHT por sus servicios a favor de las campañas de candidatos presidenciales de Argentina, Angola, Venezuela y Panamá.

Su participación en campañas electorales en distintos países luego de cobrar fama en Brasil como asesor de Lula y luego de Dilma Rousseff, se corresponde casi biunívocamente con la red de corrupción instaurada por ODEBRECHT, de la cual era parte, y en muchos de estos países obtuvo millonarios contratos con los gobiernos de los presidentes a quienes asesoró en sus campañas.

Aunque los legisladores opositores no hayan conseguido que se aprobara la resolución que promovían, lograron otras cosas, pues han hecho de conocimiento público documentaciones que habían obtenido por vía de acceso a la información pública, las cuales si bien no son todas las que creen existen constituyen evidencia  de que hubo contrataciones y pagos al menos de dos dependencias del poder ejecutivo, el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección General de Comunicaciones.

Igualmente lograron que a través de la carta enviada por los titulares de dichas entidades al presidente de la Cámara de Diputados, estas aceptaran haber efectuado pagos por más de 430 millones de pesos en un período de 3 años suma que, si bien dista de los 1,400 millones de obligaciones contractuales del Estado con los señores Santana y sus sociedades señaladas por los diputados del PRM, es una cifra considerable y la negativa a la investigación acrecerá las sospechas de que es superior.

Más aun consiguieron que en la citada comunicación expresen que la razón por la cual se terminó el contrato con dicho publicista en diciembre del 2015 “fue que a partir del 1 de enero de 2016 empezaría de lleno la campaña electoral…”, por lo que “era inapropiado” que quienes serían los asesores de campaña del presidente candidato “tuvieran al mismo tiempo contratos con instituciones del gobierno”; lo que  constituye una admisión de  que existe un conflicto de interés entre el candidato y el presidente.   La gran pregunta que queda en el aire derivada de este aserto es si no existía el mismo conflicto de interés para haberlos contratado antes, pues ya habían prestado asesoría en su anterior campaña presidencial.

Por eso, aunque las vías de investigación hayan sido cerradas  en relación con este y otros aspectos de la trama corrupta, las sospechas de conflictos de intereses, prebendas, corrupción, sobreestimaciones de precios que han sido investigadas o incluso sancionadas en otros países, y que hasta le han costado el mando a algunos gobernantes, seguirán flotando como las lilas y los residuos en las sucias aguas de nuestro río Ozama y a lo mejor un día irrumpan abruptamente a nuestra vista, de levantarse el muro que las detiene.