Una Ley de Partidos con aciertos pero de altos riesgos democráticos

La Ley de Partidos aprobada esta semana por las Cámaras Legislativas contiene la mayoría de las demandas consensuadas durante años, incluyendo límites de campañas y de gastos, transparencia y mayor equidad de género, aunque fue hecha a la medida del interés hegemónico del presidente Danilo Medina.

La ley pendiente de promulgación conlleva fuertes riesgos de ser declarada inconstitucional, de implementación y financiamiento de elecciones primarias, con el efecto inmediato de revivir los pujos continuistas del danilismo, que sale así de su mala racha, y se lleva de paso la concertación que durante 27 meses habían mantenido 11 partidos de oposición.

Muchos aspectos positivos

La revisión del texto de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas arroja un balance  positivo en relación a la mayoría de las demandas y consensos que acompañaron el extenso e intenso debate, especialmente en la limitación del período y las campañas para las candidaturas electivas, que tendrán que ser a lo interno de los partidos, en locales cerrados, sin vallas, afiches ni pinturas y también sin publicidad de radio y televisión, lo que implicaría reducción de costos.

Son relevantes las previsiones para controlar el financiamiento político a costa del Estado o de actividades ilícitas, prohibiendo el patrocinio de empresas, aún nacionales, pues sólo instituye contribuciones individuales, con obligación de colocar en internet un registro de contribuyentes, con nombres y apellidos. También la institución, dependiente de la Junta Central Electoral (JCE) de una “Unidad de Control Financiero” de los partidos.

Otras demandas atendidas en el texto son la elevación de la cuota en las candidaturas, al menos del 40 por ciento para mujeres y hombres, y la obligación de los partidos de “instituir mecanismos que garanticen la democracia interna y la igualdad y equidad de géneros en todos los niveles de sus estructuras organizativas”. Se obliga a los partidos a mantener un padrón de sus miembros, actualizado cada año ante la JCE.

El maco en el sancocho

El eterno “maco en el sancocho” de la Ley de Partidos aún por promulgar, está en el párrafo III del artículo 45 que faculta a sus organismos superiores para decidir “el tipo de registro de electores o el padrón a utilizar en el proceso de elección de candidatos o candidatas”, en detrimento de la democracia interna y por encima de los estatutos de los partidos. El párrafo I indica que “Las primarias (sin especificar si abiertas o cerradas), convenciones de delegados, de militantes, de dirigentes y encuestas son las modalidades” para escoger las candidaturas.

Esos dos párrafos, demandados por la tendencia peledeísta del presidente Medina, fueron la concesión de los Partido Revolucionario Moderno (PRM) y Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) para destrabar la aprobación de la ley. Durante más de un año el danilismo fracasó en su intento de imponer el padrón abierto obligatorio para todos los partidos y luego en que se indicara padrón abierto o cerrado. Por fin sonsiguió que la ley facultara a las cúpulas para decidir, lo que le daría ventaja en su Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

La ley tiene otras limitaciones, como mantener la poco equitativa distribución del financiamiento estatal a los partidos, pero otra más controversial es poner a cargo de la JCE la organización y escrutinio de las primarias simultáneas, abiertas o cerradas, en la que podrían competir más de 12 mil aspirantes por partido para las candidaturas a los 4 mil 106 cargos de elección popular, a los que habría que computar sus votos individuales en cinco días y proclamarlos en otros cinco.

La JCE y entidades sociales han advertido las dificultades y riesgos de las primarias simultáneas, y un costo sobre 5 mil millones de pesos. La previsión de la ley es que se pague con la asignación estatal a los partidos, que en los comicios del 2016 fue de 419 millones de pesos a cada uno de los tres mayoritarios, que en el 2020 pudieran ascender a unos 550 millones, ahora para cuatro. Si sólo dos de ellos escogen primarias, no cubrirían más de la quinta parte del costo.

La opción del PRM y PRSC

Es obvio que el PRM y el PRSC, los dos mayoritarios de oposición, corrieron el riesgo calculado de aparecer cediendo a la imposición del presidente Medina, “para salvar la ley de partidos”. El primero ha dicho que flexibilizó su posición por considerar fundamental esa legislatura y defiende que logró la mayor parte de las demandas de más de dos décadas, ya que el primer proyecto fue consensuado en 1998, aunque vino a llegar al Congreso en el 2002.

El PRSC dice también que favoreció el consenso en la Cámara de Diputados y que el Senado ratificó al vapor, aunque modificaba substancialmente el proyecto que éste había aprobado en mayo último. Pero uno de su decena de diputados, Pedro Botello, declaró que “no estaba de acuerdo con esa Ley de Partidos, pero nos pusieron una bota en el cuello”, aludiendo a una denunciada extorsión del poder en el conflicto por el control del partido.

El PRM ha apostado por los beneficios de la ley aprobada y la esperanza de que abra perspectivas a la pendiente reforma de la Ley del Régimen Electoral, más importante para fines de la equidad en las campañas electorales, y la reducción de la tradicional irrupción del Estado en beneficio de quienes lo controlan, como en los últimos tres comicios por parte del PLD.

Los riesgos del PLD

Está pendiente ver si la promulgación de la Ley resuelve la crisis que ha dividido al PLD y si el expresidente Leonel Fernández dará la pelea al danilismo o capitulará como en el 2015, y si sus seguidores se mantienen tan firmes como para encaminar las impugnaciones de inconstitucionalidad de las primarias abiertas, como fue declarada a una ley del 2004, y si esta vez prosperará, pero en lo inmediato, eso prolonga la confrontación y la incertidumbre.

Tras la aprobación, Leonel dijo que no teme a primarias abiertas, porque fue tres veces electo por el pueblo, y según todas las encuestas tendría razón frente a cualquier otro candidato a la nominación del PLD, en caso de que Danilo no pueda por el impedimento constitucional que afronta. Pero, como el mismo Leonel sabe por experiencia propia, “quien reparte los sobrecitos es el líder” y tiene muchas ventajas. Si él pelea y resiste el nivel de irrupción del Estado que se necesitaría para que un tercero lo venciera, los riesgos son altos para la integridad del PLD.

Los efectos secundarios

Los primeros efectos secundarios, desde que el PRM y el PRSC dieran visa a la posibilidad de las primarias abiertas, han sido de euforia en el danilismo que se lanzó a imponer como tendencia en las redes sociales la posibilidad de abrir espacio a la reelección. De inmediato tres de los 35 miembros del Comité Político del PLD renovaron las expectativas de que Medina pueda ser candidato y permanecer en el poder.

Gonzalo Castillo. Ministro de Obras Públicas, dijo al respecto  que “en la segunda mitad del 2019 es que debemos ver qué es lo que el pueblo dominicano quiere”. El director de Etica del gobierno, Lidio Cadet, actualizando su condición de exsacerdote, expresó sobre la posibilidad de que Danilo siga, que “Dios decidirá a través de su pueblo”, añadiendo que “en este proceso cósmico tu nunca puedes descartar nada”.

Los perremeistas parecen convencidos de que prevalecerá la prohibición constitucional y el presidente Medina no podrá variarla, aunque en múltiples ámbitos, incluyendo gran parte de los analistas y comentaristas, se cree que lo intentará buscando reformar la Constitución o logrando que el Tribunal Constitucional declare violatorio de su derecho el transitorio de la carta magna que le prohíbe expresamente volver a ser candidato. Hay quienes no descartan que Medina les remitiera una promesa confidencial de que no buscará reelegirse.

Un efecto secundario adicional ha sido la ruptura de la concertación que el PRM y el PRSC mantuvieron durante 27 meses, desde la semana antes de las elecciones, con otros 9 partidos de oposición que pretenden cambios profundos en la competencia electoral y temen que el Medina los retorne al escenario del 2016. Esa reacción, expresada el viernes en un comunicado, también pone freno a las gestiones iniciadas desde sectores sociales por un amplio frente político-social por la democracia.

El danilismo se ha animado al llegar a la mitad de su segundo período de gobierno y sexto año consecutivo, con una victoria que les permite creer que han superado una mala racha en momentos en que les amenaza de nuevo el movimiento popular de la Marcha Verde.-

Aspectos relevantes de la Ley de Partidos

Demandas atendidas:

• Limita las precampañas electorales a 3 meses y sólo internas, en locales cerrados, sin vallas, afiches ni pinturas, y sin propaganda por radio ni televisión
• Sólo el Estado, sus rentas propias y personas individuales podrán financiar partidos y candidatos, con transparencia de un registro de contribuyentes, con nombres y apellidos
• Instituye una Unidad de Control financiero de los partidos, dependiente de la JCE
• Eleva a un mínimo del 40% la participación femenina y masculina en las candidaturas y obliga a mecanismos para establecer igualdad genérica en los cargos partidistas
• Establece que al menos 10% de las candidaturas serán para menores de 35 años
• Declara ilícitos todos los abusos del Estado, incluyendo sacar rentabilidad electoral de actividades oficiales, como las inauguraciones, en períodos de campañas
• Dispone mantener actualizado cada año ante la JCE el padrón de miembros de los partidos y pone límites al transfugismo

Deficiencias principales:

• Privilegia a las cúpulas directivas, en detrimento de los estatutos y la democracia interna en los mecanismos para elegir las candidaturas
• El sistema de sanciones por violaciones a la ley no es muy disuasorio, con multas de 50 a 200 salarios mínimos oficiales (de $5,100), es decir entre 255,000 y $1,200,000 pesos
• Mantiene la muy desigual distribución del financiamiento estatal, con 80% para los partidos que saquen más del 5% del voto y con escalas mínimas
• Reduce del 25 al 10% lo destinado a educación del financiamiento estatal a los partidos
• Los topes de gastos por precandidatos son muy elevados, hasta $70 para las candidaturas presidenciales ($510 millones) y $60 y $50 por electores para las congresuales y alcaldes
• Carga a la JCE con la organización de primarias con costos superiores al financiamiento estatal, y con camisa de fuerza para emitir resultados individuales en 5 días

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