Los Kirchner eran los "verdaderos beneficiarios" de coimas, dice el juez

Por primera vez desde que se destapó el escándalo, el pasado 1 de agosto, el Poder Judicial ha publicado esta noche de forma detallada los pormenores de la causa en la que está imputada la exmandataria, varios de sus exfuncionarios y decenas de empresarios de la obra pública, que hasta ahora estaba bajo un férreo secreto de sumario.

El caso se inició a raíz de la información aportada por una persona «a quien se le reservó su identidad», quien llevó al juzgado que dirige Claudio Bonadio copia de las anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas por Oscar Centeno, chófer del ministro De Vido y del subsecretario de Coordinación de su cartera, Roberto Baratta.

Todo ello da cuenta, según la información difundida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 11, de la existencia de una «organización delictiva» conformada por funcionarios públicos y comandados por Kirchner -fallecido en 2010-, su viuda, Fernández, y el Ministerio de Planificación Federal de Julio de Vido, al menos entre los años 2008 y 2015.

«Procuraron la percepción de sumas de dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares, muchos de ellos, empresarios contratistas de la obra pública del Estado», remarca el tribunal.

Por estas circunstancias, se realizaron varias medidas de prueba para establecer la «verosimilitud» de la información plasmada en esos registros, así como tareas de inteligencia y la intervención de ciertos abonados telefónicos.

Se obtuvieron así indicios que permiten sostener que, durante un lapso cercano a los ocho años -cuanto menos-, Baratta y cinco funcionarios más de la cartera efectuaron los cobros a distintos particulares, siendo trasladados después, «en la mayoría de las oportunidades», en vehículos conducidos por Centeno.

«A partir de ello, y previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios», como el jefe de Gabinete de Ministros Juan Manuel Abal Medina y el secretario privado de la Presidencia, Daniel Muñoz, «quienes finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita»: Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Julio de Vido.

Hasta el momento, se ha tomado declaración a 52 imputados -entre ellos Fernández- y arrestado a 26 personas, 11 de las cuales fueron puestas en libertad.

Dos personas siguen con orden de captura.

Entre los imputados, 17 declararon en calidad de arrepentidos -figura penal que otorga beneficios penales a cambio de confesión de datos que permitan avanzar en la causa-, de los que 15 han obtenido ya homologación por parte del juez.

Se han practicado 70 registros en Buenos Aires y otras zonas del país, sobre oficinas de empresas y domicilios de los exfuncionarios involucrados.

Además, se incautaron más de 250 obras pictóricas en posesión de dos imputados por aproximadamente 41,5 millones de pesos (1,34 millones de dólares).

También vehículos de alta gama, dinero por más de 6,35 millones de pesos (unos 206.000 dólares), 1,24 millones de dólares, más de 235.000 euros y otras cantidades en monedas chilenas, uruguayas y brasileñas; armas de fuego y dispositivos electrónicos.